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En los últimos días ha circulado una serie de informaciones que vinculan al exjugador de Grandes Ligas Alfonso Soriano con un presunto fraude eléctrico en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), versiones que, según se ha explicado, no cuentan con verificación ni se corresponden con la realidad.
De acuerdo con lo expuesto, en el municipio de Quisqueya los residentes pagan una tarifa fija por el servicio eléctrico, lo que desvirtúa las acusaciones difundidas en algunos medios de comunicación. En ese contexto, se indicó que Edeeste mantiene desde hace tiempo un proceso para la instalación de medidores en la zona, iniciativa ante la cual Soriano ha expresado su disposición de regularizar su situación, incluso manifestando su interés en ser de los primeros en hacerlo, pese a la resistencia de una parte de la comunidad.
Como muestra de esa voluntad, se informó que el exbeisbolista realizó una inversión superior a los RD$800,000 en equipos eléctricos, adquiridos con recursos propios y en coordinación con ejecutivos de la empresa distribuidora, con el objetivo de que sean instalados en su residencia y comenzar a pagar el consumo mediante medidores. Ese monto, según se explicó, fue transferido a un ingeniero responsable de gestionar el proceso técnico.
Durante una rueda de prensa, Soriano señaló que la inversión se realizó de manera coordinada con la compañía eléctrica, aun cuando desde hace tiempo dispone de un sistema energético propio, basado en paneles solares, baterías de alto costo y una planta eléctrica de gran capacidad, que le permite autosuficiencia.
Ante este escenario, se plantea que las informaciones difundidas buscan desacreditar la imagen del exjugador y presionar a la población de Quisqueya para aceptar la instalación de medidores eléctricos, en un contexto donde gran parte del tendido eléctrico del municipio presenta condiciones deterioradas.
Soriano reiteró que desde hace meses trabaja en su regularización ante el sistema eléctrico nacional, a pesar de no depender de la red pública, y atribuyó las versiones difundidas a personas malintencionadas que habrían promovido informaciones falsas con el fin de afectar su reputación.