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El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra varios imputados vinculados a una supuesta organización criminal transnacional dedicada a estafas, extorsiones, chantajes, obtención ilícita de fondos y lavado de activos, que operaba desde el municipio de Jacagua, en la provincia de Santiago.
Según la investigación encabezada por la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de la Dirección General de Persecución y organismos nacionales e internacionales, la estructura estaba integrada por personas con dominio del idioma inglés que utilizaban herramientas tecnológicas para captar víctimas, principalmente en Estados Unidos.
De acuerdo con el expediente, los integrantes de la red atraían a las víctimas mediante anuncios publicitarios y posteriormente las sometían a extorsión y chantaje. Para intimidarlas, presuntamente se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales, incluyendo el denominado Cártel de Sinaloa, exigiendo pagos bajo amenazas.
Las autoridades sostienen que los recursos obtenidos eran canalizados mediante criptomonedas, transferencias electrónicas, remesas y plataformas digitales de pago, con el propósito de ocultar el origen de los fondos y dificultar su rastreo.
La investigación también señala que la organización reclutaba principalmente a jóvenes de Santiago y localidades cercanas, atraídos por el aparente nivel económico exhibido por los miembros de la estructura.
El Ministerio Público afirma que las acciones atribuidas a los imputados provocaron graves daños emocionales a las víctimas y sus familiares, quienes habrían sido objeto de amenazas constantes, incluyendo amenazas de muerte.
Como parte de las pesquisas, las autoridades realizaron allanamientos en octubre de 2024 y junio de 2026, durante los cuales ocuparon equipos electrónicos, vehículos, dinero en efectivo, documentación y otras evidencias que, según el órgano acusador, permitieron identificar las funciones desempeñadas por los distintos integrantes de la presunta red.
La investigación se desarrolla en coordinación con Homeland Security Investigations y Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales, mientras el Ministerio Público continúa las diligencias para desmantelar completamente la estructura y someter a sus integrantes ante la justicia.