Fiscalía de Veracruz señala a alcalde como presunto autor intelectual del asesinato de periodista Roxana Guzmán
La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) solicitó el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al señalarlo como presunto autor intelectual del asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrido tras su desaparición en junio pasado.
El organismo estatal presentó ante el Congreso de Veracruz una solicitud de juicio de procedencia con el objetivo de retirar la protección constitucional del funcionario y permitir que pueda ser investigado penalmente por los hechos relacionados con la muerte de la comunicadora.
La petición también incluye al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, aunque hasta el momento la Fiscalía no ha detallado públicamente los delitos que se le atribuyen dentro del expediente.
La investigación está relacionada con la privación ilegal de la libertad y posterior asesinato de Roxana Guzmán, un caso que mantiene abiertas las indagatorias contra al menos ocho presuntos involucrados, entre ellos integrantes de un grupo delictivo y elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste.
Madre de la periodista exige justicia y pide investigar a más personas
Rubicelia Ramírez Posada, madre de la periodista asesinada, reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía, pero pidió que la investigación continúe hasta determinar a todos los responsables del crimen.
“No quiero que sea un chivo expiatorio. Quiero que caiga todo el peso de la ley contra el implicado”, expresó la madre de Roxana Guzmán, quien también solicitó que las autoridades profundicen en las investigaciones.
La mujer aseguró que desde la desaparición de su hija, ocurrida el 2 de junio, sospechaba de posibles vínculos entre funcionarios municipales y los hechos que terminaron con el asesinato de la comunicadora.
Además, pidió investigar a Karina “N”, coordinadora de la Policía Municipal de Nanchital, y localizar a su pareja José Luis “N”, elemento de esa corporación que permanece prófugo y que estaría relacionado con el caso, según las acusaciones familiares.
“Sé que eso no me va a devolver a mi hija, pero aplicando todo el peso de la ley contra los responsables se le hará justicia”, afirmó Ramírez Posada.
Congreso analizará solicitud de desafuero contra los funcionarios
La solicitud de desafuero fue presentada el pasado 6 de julio ante el Congreso de Veracruz por la Fiscalía General del Estado, a través del fiscal encargado de la Sub Unidad Integral de Impartición de Justicia de Nanchital, Iván Hernández González.
El objetivo del procedimiento es determinar si existen elementos suficientes para retirar la protección constitucional de los alcaldes y permitir que la Fiscalía pueda proceder penalmente contra ellos.
El expediente está vinculado con la carpeta de investigación por la desaparición y homicidio de Roxana Guzmán Ramírez, en la que las autoridades señalan la posible participación de cuatro integrantes de un grupo criminal y cuatro policías municipales.
Tras recibir la notificación oficial, los alcaldes cuentan con un plazo de siete días hábiles para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora del Congreso estatal.
Una vez concluida esta etapa, la comisión analizará las pruebas y argumentos presentados para determinar si existen elementos que justifiquen continuar con el procedimiento.
De aprobarse un dictamen favorable, este será enviado al Pleno del Congreso de Veracruz, donde los diputados deberán decidir si procede retirar el fuero constitucional a los funcionarios señalados.
Movimiento Ciudadano pide respetar el debido proceso
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova Molina, afirmó que su partido respalda la aplicación de la ley, pero pidió que las investigaciones se desarrollen respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
La legisladora señaló que cualquier señalamiento debe estar sustentado en pruebas y no en especulaciones, al tiempo que rechazó que las instituciones de justicia puedan ser utilizadas con fines políticos.
“No vamos a defender la impunidad, pero tampoco vamos a aceptar que se fabriquen delitos o que se condene a personas desde los medios de comunicación”, expresó Córdova Molina.
La diputada insistió en que las autoridades deben actuar con imparcialidad y garantizar los derechos fundamentales de los funcionarios señalados mientras avanza el procedimiento legal.