El presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Manuel María Mercedes, depositó este jueves una querella formal contra Rafael Burgos Gómez, director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), a quien acusa de cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Mercedes explicó que la acción legal, presentada en la Procuraduría General de la República, está respaldada por pruebas documentales que evidencian prácticas indebidas en el manejo de terrenos estatales y en la administración de la institución.
“Hoy estamos presentando una querella formal contra el director del CEA. Aquí están todos los argumentos y pruebas que entregaremos también a la Procuraduría Anticorrupción, a fin de que se investigue con urgencia la magnitud de las irregularidades cometidas”, afirmó.
El presidente de la CNDH recordó que en ocasiones anteriores había solicitado al presidente Luis Abinader la destitución de Burgos Gómez, sin obtener respuesta. Llamó a las autoridades a dar curso inmediato a la investigación, advirtiendo que el caso compromete la transparencia en la gestión pública y afecta a ciudadanos que han sido despojados de propiedades adquiridas de manera legal.
“Es un tema que compromete directamente la confianza ciudadana en el Estado. No podemos permitir que se repitan prácticas de corrupción en instituciones que manejan bienes del pueblo dominicano”, subrayó.
Según la CNDH, en el CEA operan dos esquemas de corrupción. Uno involucra a funcionarios medios que despojan a propietarios de terrenos ya adquiridos, los desalojan y posteriormente revenden esas propiedades. El otro funciona a un nivel superior y consiste en quitar grandes extensiones a dueños que las habían comprado hace 15, 20 y hasta 30 años.
Mercedes indicó que existen casos más graves que han llamado la atención, entre ellos uno en que el presidente Abinader emitió una orden especial para resolver la situación de más de cien propietarios.
Sin embargo, denunció que el director del CEA los despojó de sus tierras basándose en una permuta ya anulada durante el gobierno de Danilo Medina, lo que implicaría desacato a una disposición presidencial.
Asimismo, mencionó un caso emblemático en Haina, provincia San Cristóbal, donde presuntamente se habría vendido un barrio completo con la comunidad ya establecida. También señaló irregularidades en terrenos de Boca Chica y La Caleta, en la provincia Santo Domingo.