El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) continúa un proceso disciplinario contra las juristas Mariel León Lebrón y Lilia Fernández León, pese a que la base jurídica de la acusación fue dejada sin efecto por sentencias del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y la Corte de Apelación, que revocaron la decisión que en su momento las catalogó como “litigantes temerarias”.
Las abogadas denunciaron que la insistencia del gremio constituye “un desafío abierto a fallos judiciales firmes” y un intento de despojarlas de sus licencias profesionales en la audiencia pautada para el 10 de diciembre.
Durante una entrevista en el programa El Día, conducido por la periodista Edith Febles, explicaron que la ofensiva disciplinaria surgió a raíz de su participación como defensa de una mujer víctima de violencia prolongada. Señalaron que el CARD, lejos de proteger a la víctima, habría convertido sus mecanismos internos “en un instrumento de represalia”.
León detalló que fueron expuestas públicamente junto al abogado Joel del Rosario bajo acusaciones de temeridad procesal basadas en una sentencia que luego fue revocada. “Aun así, el Colegio siguió adelante, ignoró el fallo, y cuando el TSA también dejó sin efecto el proceso, decidieron continuar en total desacato”, denunció.
Las profesionales también criticaron la circulación de informaciones “abiertamente falsas”, entre ellas la afirmación de que su litigio impediría que “400 familias pobres reciban casas en Casa de Campo”. Fernández calificó esa versión como “una narrativa construida para desacreditarnos. Nuestra litis no afecta traspasos ni a ninguna familia. Es una campaña mediática para convertirnos en villanas de una historia que no existe”.
Asimismo, afirmaron que las acusaciones forman parte de un entramado de hostigamiento destinado a favorecer intereses privados vinculados a la contraparte del caso que manejan, en el que representan a una mujer sobreviviente de violencia económica.
León sostuvo que la actuación del CARD evidencia su “crisis institucional”: una directiva elegida fuera de plazo, cuentas embargadas y una conducta que describieron como “un aparato inquisitorial que desconoce su propio reglamento”. También denunciaron la aparición de un expediente con fecha anterior y firmado por un fiscal designado por Trajano Potentini, pese a que el Fiscal Nacional había certificado meses antes que no existía proceso alguno.
Las juristas advirtieron que recurrirán cualquier decisión que pretenda ejecutar sanciones ilegales o publicarlas en medios nacionales, práctica que consideran inédita y violatoria de derechos fundamentales.
“El Colegio nació para protegernos. Lo que vemos hoy es una degradación que duele”, expresó Fernández León.