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Denuncian desacato a sentencia del TC que prohíbe garita en urbanización de La Romana

El denunciante explicó que se trata de la sentencia TC/0083/19, mediante la cual el Tribunal Constitucional prohibió a una junta de vecinos colocar garitas, portones u otros obstáculos que impidan la libre circulación en vías públicas. “Eso sigue violándose como si nada aquí en La Romana”, afirmó en una intervención interactiva.

Heriberto García
Heriberto García
13 enero, 2026 - 5:59 PM
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Programa 12 y 2
Desacato sentencia
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Un ciudadano denunció este martes un presunto desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la demolición de una garita en la urbanización Las Orquídeas, en La Romana, por violar el libre tránsito, y advirtió que la situación podría degenerar en un hecho violento.

El denunciante explicó que se trata de la sentencia TC/0083/19, mediante la cual el Tribunal Constitucional prohibió a una junta de vecinos colocar garitas, portones u otros obstáculos que impidan la libre circulación en vías públicas.

“Eso sigue violándose como si nada aquí en La Romana”, afirmó en una intervención interactiva.

Indicó que diariamente se taponan las tres entradas del residencial, al que —según dijo— han intentado cambiarle su estatus de urbanización a residencial cerrado. Aseguró que se ha instalado vigilancia armada y que incluso fue detenido cuando intentó acceder a su propia vivienda. “¿Cómo es eso? ¿Cómo tú me vas a obligar a comprar controles de acceso cuando hay una sentencia que prohíbe estas garitas y portones?”, cuestionó.

El ciudadano sostuvo que un grupo de residentes “con poder económico” pretende cerrar el sector en violación al libre tránsito y al fallo del TC, con la complicidad de autoridades municipales que “se hacen de la vista gorda”.

Advirtió que este escenario puede provocar un conflicto mayor entre residentes y vigilantes.

  • Finalmente, llamó al Tribunal Constitucional y a su Unidad de Ejecución de Sentencias a intervenir. Informó que ya fue depositada una solicitud con evidencias ante el Departamento de Ejecución de Sentencias.

“Aquí hay un desacato judicial que conlleva sanciones civiles y penales, principalmente para el ayuntamiento y Planeamiento Urbano, que fueron los responsables de ejecutar la demolición”, subrayó.

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