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El director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), Euren Cuevas, denunció a través de El Rumbo de la Mañana que la operación de barcazas eléctricas en la zona de manglares de Puerto Viejo constituye “crímenes ecológicos” que afectan la biodiversidad y ponen en riesgo la salud de comunidades costeras.
Explicó que los manglares son “el vientre de la naturaleza” por ser el ecosistema donde convergen lo terrestre y lo marino, clave para la reproducción de especies.
“Quien atenta contra eso comete un crimen, no un delito, un crimen ecológico”, afirmó.
Cuevas detalló que la ley ambiental dominicana eleva las penas cuando se trata de manglares, praderas marinas y corales, al considerarlos estratégicos para la seguridad alimentaria. “De tres años lo llevan a diez años por la importancia que tiene”, sostuvo, al justificar las acciones legales anunciadas por Insaproma.
El promotor de la defensa del Medio Ambiente advirtió a través del programa de Rumba FM que las barcazas operan con búnker C, “el combustible más contaminante derivado del petróleo”, y citó datos de organismos internacionales.
“Una gota de eso contamina 4,000 litros de agua”, dijo, al tiempo de recordar episodios previos en la zona: mortandad de peces, derrames de combustible e incendios en embarcaciones.
El ambientalista explicó también que estas plantas toman agua del mar para enfriar calderas y la devuelven caliente, sin sistemas adecuados. “Cuando tú arrojas agua caliente al mar, tú disminuyes el oxígeno disuelto ¿Y qué pasa con eso? Que se ahogan los peces”, indicó.
Cuevas agregó que, por su naturaleza marítima, estas barcazas pueden emitir hasta 15 veces más contaminantes que una planta en tierra.
Sostuvo que las comunidades cercanas, como Los Negros, respiran emisiones tóxicas de forma permanente. “Esas emisiones las está respirando la comunidad que vive ahí”, afirmó, y reclamó estudios epidemiológicos y ambientales urgentes.
El director de Insaproma acusó a las autoridades de “certificar crímenes ambientales” y recordó que la Ley 64-00 contempla responsabilidades penales para funcionarios. Anunció que ya interpusieron un amparo y dos querellas, y que presentarán una tercera. “Vamos a interponer todas las acciones necesarias para exigir el derecho de las personas”, concluyó.