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La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia sometieron ante la Procuraduría General de la República al exdirector del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y al empresario Joaquín Toribio Sención, a quienes acusan de presunta vinculación en el desembolso de más de 13 mil millones de pesos por supuestos servicios de “diálisis a domicilio”.
El abogado Miguel Surun Hernández afirmó que “supuestamente a cada paciente de diálisis anualmente se le están invirtiendo 3 millones de pesos”. Según explicó, los contratos superan los 13,000 millones de pesos y corresponderían a un programa cuya ejecución ha sido cuestionada.
El dirigente sostuvo que, con esos recursos, el Estado habría podido desarrollar infraestructura especializada en salud, incluyendo un centro de neurología y diálisis, además agregó que el monto señalado representa una proporción significativa en comparación con otras inversiones hospitalarias realizadas en el país.
Surun Hernández también vinculó el esquema denunciado con otros procesos contractuales, al señalar que “este mismo mecanismo fue el implementado”, en referencia a contratos anteriores relacionados con suplidores del sector salud. Indicó que, a su juicio, el modelo de contratación presenta similitudes en su estructura y ejecución.
Asimismo, cuestionó la legalidad del proceso de compras y contrataciones y mencionó al director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, por su participación en la validación de dichos procedimientos. Las organizaciones sostienen que existen inconsistencias en la publicidad y transparencia del proceso.
Finalmente, exigieron a la Procuraduría realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados. Hasta el momento, las personas señaladas no han ofrecido una reacción pública en torno al sometimiento presentado.