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Un tribunal surcoreano volvió a denegar este sábado la extensión de la detención del presidente Yoon Suk-yeol, que expira el próximo 28 de enero, en el contexto de la investigación sobre su declaración de la ley marcial el mes pasado.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl desestimó la nueva solicitud de la Fiscalía, presentada el mismo día, pocas horas después de que este órgano negara una petición similar en la jornada anterior.
El tribunal argumentó «motivos similares» a su negativa previa, fundamentada en la falta de causa probable (el conjunto de evidencias que justifican una detención) para continuar con la investigación.
La fiscalía buscaba mantener a Yoon bajo arresto diez días más, hasta el 6 de febrero, tras la transferencia del caso a la Fiscalía por parte de la Oficina de Investigación de Casos de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés) el pasado jueves.
El Ministerio Público consideraba que «es necesario extender el periodo de detención» para llevar a cabo investigaciones adicionales, en línea con casos anteriores transferidos por la CIO y conforme a lo establecido por la ley penal, según un comunicado.
El jueves, la CIO instó a la Fiscalía a solicitar la imputación de Yoon por un delito de insurrección y abuso de poder, algo para lo cual el organismo anticorrupción no tiene competencia.
La Fiscalía debe decidir ahora si presenta cargos contra el presidente, quien ha estado bajo arresto desde el pasado 15 de enero, antes de que finalice el actual período de detención.
Por ley, en Corea del Sur, un sospechoso sin acusación formal puede permanecer bajo arresto un máximo de 10 días, y los investigadores pueden solicitar una posible extensión de otros 10 días.
Así, los fiscales enfrentan una carrera contrarreloj, ya que solo disponen de dos días para intentar interrogar al presidente, quien se ha negado a declarar ante la CIO.
Por su parte, los abogados de Yoon recibieron con agrado la decisión del tribunal de la víspera de prolongar su arresto y solicitaron en un comunicado su liberación inmediata.
Yoon está siendo investigado junto a otros militares y miembros de su Gobierno por conspirar para llevar a cabo una insurrección el pasado 3 de diciembre al declarar la ley marcial.
La pena por liderar una insurrección en Corea del Sur puede ser cadena perpetua o pena de muerte, aunque existe una moratoria desde 1997.
Además, el Tribunal Constitucional está llevando a cabo un juicio político para determinar si restituye a Yoon en su cargo o si ratifica su destitución parlamentaria, una decisión que conllevaría la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas.