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Demandan al Estado y al Poder Judicial por más de RD$207 millones por proyecto de digitalización judicial

La demanda, presentada ante el TSA, podría sentar un precedente sobre responsabilidad estatal al reclamar indemnización cuando un proyecto público beneficia al Estado pero impone costos extras al contratista

Rosa Soto
Rosa Soto
9 julio, 2026 - 8:54 AM
4 minutos de lectura
La acción fue depositada ante el Tribunal Superior Administrativo. Foto/RCC Noticias
Demanda
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La empresa NOVOSIT, S.R.L. presentó una demanda en responsabilidad patrimonial contra el Estado dominicano y el Consejo del Poder Judicial (CPJ), reclamando una indemnización superior a RD$207 millones por supuestos daños económicos derivados de la ejecución del proyecto de Conversión Digital de los Expedientes Judiciales Activos.

La acción fue depositada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), bajo el expediente número 2026-0236918, y según la empresa, no busca anular ni cuestionar la legalidad del proyecto de modernización tecnológica, sino reclamar una compensación por los costos adicionales que, afirma, asumió durante su desarrollo.

Reclamo por cargas económicas adicionales

NOVOSIT sostiene que durante la ejecución del proyecto se produjeron modificaciones contractuales, extensiones de plazos y nuevos requerimientos técnicos que obligaron a mantener por varios años una estructura operativa mayor a la contemplada inicialmente.

La empresa cuantificó los daños reclamados en RD$207,372,651.86, monto que asegura está sustentado en documentos financieros, técnicos y administrativos presentados ante el tribunal.

Señala al Consejo del Poder Judicial como responsable administrativo

La compañía explicó que el contrato fue suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo que participó como administrador del proceso de contratación, pero atribuyó al Consejo del Poder Judicial la dirección estratégica, definición de necesidades y supervisión del proyecto.

  • Según NOVOSIT, aunque los beneficios de la digitalización fueron incorporados al sistema judicial, las cargas económicas extraordinarias quedaron sobre la empresa contratista sin una compensación adicional.

Demanda podría sentar precedente

Los abogados de la empresa indicaron que el proceso se fundamenta en la responsabilidad patrimonial del Estado establecida en la Constitución y la Ley 107-13, al considerar que una institución pública puede estar obligada a indemnizar cuando una actuación administrativa, incluso legítima, genera un perjuicio especial a un particular.

  • La empresa afirmó que el caso podría establecer un precedente sobre los límites de la responsabilidad estatal cuando una política pública genera beneficios permanentes para el Estado, pero los costos adicionales recaen sobre un solo contratista.
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