Una coalición de 20 estados demócratas y el Distrito de Columbia demandó este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump por una nueva regla del Departamento de Justicia (DOJ) que prohíbe usar subvenciones federales destinadas a víctimas para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados. La querella fue presentada en Rhode Island.
La política, etiquetada como de “costos no admisibles”, impide que recursos de programas como la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) se usen para apoyar o prestar asistencia legal a personas sin estatus, salvo excepciones limitadas.
Los fiscales estatales alegan que la medida viola la Cláusula de Gastos de la Constitución y que el DOJ no define con claridad qué constituye “servicios legales”, obligando a estados y beneficiarios a “adivinar” qué actividades quedarían vetadas.
Los demandantes sostienen además que la regla forzaría a las agencias a verificar el estatus migratorio de todos los clientes, añadiendo trámites onerosos que podrían retrasar o impedir auxilios urgentes. Entre los servicios afectados mencionan apoyo para presentar denuncias y órdenes de protección, reclamar compensaciones y gestionar temas de visitas parentales, entre otros.
Además de California y D.C., firman estados como Nueva York, Illinois, Massachusetts, Washington, Oregón, Nevada, Nueva Jersey, Arizona y Michigan, entre otros.