Demandan a Trump por prohibir ayuda legal a indocumentados con fondos para víctimas

Una coalición de 20 estados demócratas y el Distrito de Columbia demandó este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump por una nueva regla del Departamento de Justicia (DOJ) que prohíbe usar subvenciones federales destinadas a víctimas para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados. La querella fue presentada en Rhode Island.

Qué cambia para víctimas y organizaciones

La política, etiquetada como de “costos no admisibles”, impide que recursos de programas como la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) se usen para apoyar o prestar asistencia legal a personas sin estatus, salvo excepciones limitadas.

Los fiscales estatales alegan que la medida viola la Cláusula de Gastos de la Constitución y que el DOJ no define con claridad qué constituye “servicios legales”, obligando a estados y beneficiarios a “adivinar” qué actividades quedarían vetadas.

Los demandantes sostienen además que la regla forzaría a las agencias a verificar el estatus migratorio de todos los clientes, añadiendo trámites onerosos que podrían retrasar o impedir auxilios urgentes. Entre los servicios afectados mencionan apoyo para presentar denuncias y órdenes de protección, reclamar compensaciones y gestionar temas de visitas parentales, entre otros.

• “El Gobierno de Trump sigue impulsando políticas que vuelven menos seguras a nuestras comunidades”, dijo Rob Bonta, fiscal general de California, al advertir que la condición, por su ambigüedad, empujará a organizaciones a recortar drásticamente su cobertura por temor a sanciones. “Ojalá el presidente Trump dejara de crear problemas donde no los hay”, añadió.

Además de California y D.C., firman estados como Nueva York, Illinois, Massachusetts, Washington, Oregón, Nevada, Nueva Jersey, Arizona y Michigan, entre otros.

• La coalición pide al tribunal bloquear la aplicación de la regla mientras se ventila el caso, al considerar que pone en riesgo a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, trata y abuso que ya enfrentan barreras para acceder a justicia y protección.