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La dueña de una jeepeta incautada por el ministerio Público demandó este miércoles a Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional, ante el Tribunal Superior Administrativo por reparación patrimonial, a quien se le atribuye imprudencia grave en el ejercicio de sus funciones, debido a supuestamente negarse a devolver el vehículo.
De acuerdo a una nota de prensa, se destaca que la entrega del vehículo modelo Grand Cherokee, color blanco, año 2018, le fue ordenada a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional el 1 de diciembre del 2021, mediante sentencia núm. 249-04-2021-SSEN-00289 del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
"No habiendo obedecido a lo dispuesto en su contra, fue preciso que el 27 de abril del 2023, por Sentencia núm. 501-2023-SSEM-00046, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le reitera a la fiscal Ramos, que devolviese el vehículo a su legítimo propietario, sin que tampoco acatara lo decidido", indica el documento.
Mediante Sentencia núm. SCJ-SS-23-1316 del 31 de octubre del 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al rechazar el recurso de casación elevado, confirmó la orden de entrega del automóvil, y no obstante haber sido Ramos Castillo emplazada a devolverlo el 14 de enero pasado, Julio Cury manifestó que la fiscal titular, “ofreció la callada por respuesta”.
"Su inflexible y arbitraria reticencia a cumplir con lo dispuesto por sentencia la ha dejado indefectiblemente atrapada en las consecuencias de los artículos 148 constitucional y 58 de la Ley núm. 107-13, por lo que será declarada patrimonialmente responsable y condenada, de forma conjunta y solidaria con el ministerio Público, a reparar los daños antijurídicos causados a la víctima”, dice Cury.
Por su lado, José Alberto Cruceta hijo, también abogado de la demandante, sostuvo que la actuación particular de Ramos Castillo, “al no contar con ningún respaldo normativo, constituye una actuación saturada de ilegalidad por la que ella tendrá que responder, ya que, en un Estado democrático de derecho, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque le rechine, debe respetarse y cumplirse”.