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El abogado Víctor Eddy Mateo explicó la demanda interpuesta por la empresa NOVOSIT, S.R.L. contra el Estado dominicano y el Consejo del Poder Judicial (CPJ) por más de RD$207 millones, al señalar que el proceso no se trata de un incumplimiento contractual, sino de una reclamación por responsabilidad patrimonial derivada de los costos adicionales asumidos durante la ejecución de un proyecto de digitalización judicial.
Mateo indicó que la demanda está relacionada con el proyecto de Conversión Digital de los Expedientes Judiciales Activos, una iniciativa que, según explicó, ha facilitado el trabajo diario del sistema de justicia, pero que generó cargas económicas adicionales para la empresa contratista debido a extensiones, modificaciones y nuevos requerimientos durante su desarrollo.
El jurista explicó que el contrato inicial fue establecido por 15 meses, pero durante su ejecución se realizaron siete enmiendas, lo que habría obligado a NOVOSIT a mantener por más tiempo una estructura humana, tecnológica y administrativa superior a la contemplada inicialmente.
Sostuvo que la empresa entiende que esos costos adicionales no deben recaer exclusivamente sobre un particular cuando el proyecto representa un beneficio permanente para el sistema judicial.
El abogado explicó que la acción está fundamentada en la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, contemplada en el artículo 148 de la Constitución, donde se establece la posibilidad de reclamar reparación cuando una actuación administrativa genera daños a un particular.
Indicó que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) funcionó como un mecanismo dentro del proceso de contratación, pero que la dirección estratégica, requerimientos y decisiones del proyecto correspondían al Consejo del Poder Judicial.
En otro tema, Mateo cuestionó la decisión judicial que impuso un año de prisión preventiva al cabo de la Policía Nacional acusado de la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, ocurrida en Guajimía, Herrera.
El abogado consideró que, debido a que existe un video del hecho y elementos que, a su juicio, permiten analizar lo ocurrido, resulta cuestionable la imposición de una medida tan prolongada.
“Hay una muerte ahí y está el video”, expresó Mateo al referirse al caso, señalando que la prisión preventiva debe aplicarse bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.