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El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su administración fueron acusados en varias demandas presentadas después de sus primeras órdenes ejecutivas como inquilino de la Casa Blanca firmadas este lunes, en las horas posteriores a su toma de posesión.
La ofensiva legal más reciente involucra al Sindicato de Empleados del Tesoro Nacional (NTEU, por sus siglas en inglés), que representa a empleados del Gobierno federal pertenecientes a 37 agencias y departamentos, a razón de un decreto que facilita el procedimiento para el despido de empleados federales de alto rango. Asimismo, acusaron a Trump de ignorar una legislación de la administración anterior que añadía nuevos requisitos para los secretarios del gabinete encargados de eliminar las protecciones laborales de los funcionarios públicos, recoge Bloomberg.
En opinión del NTEU, estas acciones son "contrarias a la intención del Congreso" y no cumplen con los requisitos legales sobre las competencias del jefe de Estado y, por lo tanto, Trump no puede eliminar dichas protecciones laborales. Al respecto, la presidenta del sindicato, Doreen Greenwald, considera que estas decisiones tratan de "administrar pruebas de lealtad política de empleados cotidianos de la plantilla federal que juraron defender la Constitución y servir a su país".
Trump reactivó este lunes el llamado Anexo F, que firmó al final de su primer mandato y eliminaba las protecciones para una parte importante de la fuerza laboral federal. Joe Biden rescindió esa medida cuando asumió el cargo, pero Trump prometió en campaña volver a emitir la orden para "eliminar a los burócratas rebeldes", explica Fedscoop.
Otras demandas
A esta demanda, presentada en la noche del lunes, le precedieron otras más respaldadas por sindicatos, también relacionadas con los esfuerzos del mandatario estadounidense de reestructurar drásticamente la fuerza laboral pública.
Todas las denuncias involucran al recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), destinado a llevar a cabo drásticos recortes. Resaltan la ausencia de trabajadores federales dentro de su plantilla, y una de ellas solicita una orden judicial que declare ilegal al departamento.
En concreto, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales acusó a la oficina de violar una ley (concretamente la Ley del Comité Asesor Federal) que requiere que los grupos que asesoran al presidente celebren reuniones abiertas e incluyan miembros con diferentes puntos de vista. Los empleados federales "merecen que se les escuche su voz en las decisiones que afectan a su trabajo, sus agencias y el público al que sirven", señala su presidente, Everett Kelley.
Otra de las demandas, impulsada por el bufete de abogados National Security Counselors Inc, también acusa al DOGE de violar la Ley del Comité Asesor Federal porque sus reuniones anteriores no han estado abiertas al público y los expertos en seguridad nacional no están incluidos en el grupo. "La composición apilada de DOGE, lejos de ser bastante equilibrada, revela que solo está representado un punto de vista: el de los 'cruzados del gobierno pequeño' con antecedentes en la industria tecnológica o en la política republicana", dicen los litigantes en su alegato.