x
Las condenas por delitos sexuales han marcado una tendencia constante en los tribunales dominicanos durante este 2026, con más de 50 sentencias comunicadas por el Ministerio Público.
Al menos 31 de esos casos terminaron con la pena de 20 años de prisión, mientras otros fallos impusieron condenas de 15, 12, 10 y cinco años.
De acuerdo a datos publicados en periódico Diario Libre, el análisis de los expedientes revela que estos delitos no responden necesariamente a hechos aislados, sino a patrones de abuso que se repiten en distintas demarcaciones del país.
Entre los elementos más frecuentes, de acuerdo a la periodista Ana Aybar, del citado medio, figuran la manipulación, las amenazas, el chantaje y el uso del miedo como mecanismo para someter a las víctimas y garantizar su silencio.
Uno de los datos más preocupantes es la edad de las víctimas. Según el reporte, las niñas entre 8 y 12 años aparecen como el grupo más vulnerable, seguidas por adolescentes de 13 a 16 años e infantes de 3 a 7 años. También se registran casos contra mujeres adultas y de edad avanzada.
Los expedientes judiciales citados muestran que algunas víctimas fueron agredidas durante períodos prolongados, incluso por varios años, a manos de una misma persona. En varios procesos, los agresores recurrieron a amenazas de muerte con armas de fuego u objetos cortantes para impedir que los hechos fueran denunciados.
El informe también recoge casos de agresiones sexuales contra menores varones, entre ellos adolescentes de 11 y 13 años, cuyos abusos fueron descubiertos por familiares o por situaciones médicas que permitieron revelar lo ocurrido.
En clave:
Otro elemento destacado es la responsabilidad de familiares o tutores cuando permiten, encubren o facilitan situaciones de abuso. En La Romana, una madre fue enviada a prisión preventiva luego de que las autoridades determinaran su presunta complicidad pasiva y descuido en la protección de su hija menor de edad.
La revisión de estos casos evidencia que los delitos sexuales contra menores siguen representando uno de los mayores desafíos para el sistema de justicia, no solo por la gravedad de las agresiones, sino también por los mecanismos de control psicológico, familiar y social que dificultan la denuncia.