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El abogado José Ernesto Pérez Morales, representante de once de los 25 cadetes que la Policía Nacional había informado suspensión, declaró en El Rumbo de la Mañana que el proceso se hizo con un proceso que involucró la falsificación de un documento del director general de ese cuerpo del orden.
La suspensión se había producido por alegado bajo rendimiento en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES). Para actuar en contra de ellos, el jurista señaló la construcción de pruebas a partir de un documento interno conocido como telefonema.
"Nos sorprendió que en el transcurso de los medios de prueba que depositó la policía, hubo un segundo telefonema que también tiene la firma del actual jefe de la policía cuando en esa fecha él no era jefe de la policía. Lo que indica que alguien usa su sello gomígrafo al antojo para adecuar las pruebas", precisó Pérez Morales.
Aclaró que no sabe quién cometió esa es una acción, sin embargo, "es una práctica de que todos esos telefonemas lo que se le pegan, un sello gomígrafo para cumplir con el artículo 28 numeral 19, siempre y cuando siempre y cuando los miembros de la Policía Nacional sean de nivel básico".
Pérez Morales además señaló que, estos cadetes no fueron cancelados, como se ha dicho desde el órgano policial, sino que lo que han tenido es una degradación, y esto se comprueba con que están asignados como instructores a la Escuela Nacional de Formación para policías habilitada en Gaspar Hernández.
"Sorpresivamente, se fabrica, digo, se fabrica un telefonema en ese entonces desde el 30 de junio del 2023 donde aparecen cancelados su nombramiento. Lo cual es un sofisma toda vez que investigamos y cada cadete de eso sigue cobrando su sueldo a través de la Tesorería Nacional", sostuvo el profesional del derecho.
"El telefonema especifica que fue dado de baja por bajo rendimiento académico, pero sorprende, cuando buscamos el historial de esos 11 cadetes, todos están asignados como instructor a la Escuela Nacional que abrió Chu Vásquez aquí en Gaspar Hernández, el centro de entrenamiento policial", continuó explicando.
En una llamada telefónica, el abogado José Ernesto Pérez, quien representa a 11 de los agentes, subrayó que el proceso de degradación se ha hecho, "en Francia violación al artículo número 56 del literal A y el artículo 67 del reglamento académico de la Policía Nacional, específicamente la Escuela para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Armida González".
Relató que cuando sus defendidos fueron a tomar el examen de Derecho Constitucional, no habían pasado ni 02 minutos cuando ya se les habían retirado, en "violación a lo que establecen esas normas que rige el reglamento académico, porque dice que esos facilitadores deben otorgarle un mínimo de 2 horas".
Precisó que tiene copia de estos exámenes y de los telefonemas mencionados, con lo que ahora están en un proceso judicial. "Estamos en un amparo de cumplimiento protegiéndole los derechos fundamentales y tratando de que se cumpla con las normas establecidas en el 56 y en el 67 del reglamento académico".