La Oficina Nacional de Defensa Pública insiste en la necesidad de una intervención urgente en el Centro de Privación de Libertad El Pinito, en La Vega, tras la denuncia de continuos abusos y tratos inhumanos a los internos desde 2018.
Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensa Pública, exige la destitución inmediata de todo el personal penitenciario y la aplicación de sanciones ejemplares a los responsables. "Un historial alarmante de motines, asesinatos planeados y golpizas mortales" justifica esta demanda, según el comunicado emitido.
Un caso reciente que ha conmocionado a la opinión pública es la muerte de Wilber Nicolás Vargas, quien falleció tras sufrir un trauma cráneo encefálico causado por golpes de agentes penitenciarios. Este hecho, actualmente bajo investigación de la Procuradora Fiscal de La Vega, se suma a una larga lista de episodios violentos.
En enero de 2024, otro interno murió por envenenamiento, lo que resultó en la prisión preventiva de un supervisor y un interno. Además, en 2018, varios internos del pabellón B-3 fueron brutalmente golpeados. Agentes como Montas, Aquilino, Tapia y otros supervisores han sido señalados repetidamente por su conducta abusiva.
Otros casos de violencia incluyen el asesinato de Jorge Miguel Villafaña en 2022 y el secuestro de un agente penitenciario ese mismo año. En 2024, internos como Omar de Jesús Vélez y Alexander José Hernández Burgos denunciaron golpizas por parte de agentes como Agramonte y Beltre, acusados reiteradamente de prácticas violentas.
El Pinito: un centro de abuso e impunidad
Las constantes denuncias y levantamientos penitenciarios realizados por la Defensa Pública revelan condiciones inhumanas y degradantes. En agosto de 2024, se reportó el caso de Carlos Daniel Henríquez Guerrero, quien pasó dos meses en aislamiento sin acceso a agua potable ni condiciones mínimas de dignidad.
Valentín Santos ha solicitado formalmente al director de Servicios Penitenciarios y a la Procuradora General de la República la destitución inmediata de los agentes implicados y una investigación exhaustiva. También ha hecho un llamado al defensor del pueblo para que intervenga en esta situación crítica.
Compromiso con los derechos humanos
La Defensa Pública reitera su compromiso con la protección de los derechos de los privados de libertad y exige a las autoridades que cumplan con la ley, que establece la reinserción social como objetivo principal de la pena.
"La impunidad no puede ser la norma en El Pinito. Es hora de devolver la dignidad y el respeto a quienes cumplen condena en este centro", concluyó Valentín Santos.