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Los abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez recusaron este miércoles a los magistrados Keyla Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Bautista, del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, alegando parcialidad en el juicio por presunta corrupción en la Operación Medusa.
Según la defensa, la recusación se sustenta en más de 20 pruebas que demostrarían irregularidades en el proceso, comprometiendo su independencia. La Corte de Apelación del Distrito Nacional deberá decidir en los próximos días si acoge la solicitud.
Uno de los puntos señalados es la supuesta postura sesgada de la magistrada Pérez Santana, quien, de acuerdo con los abogados, habría condicionado fallos judiciales a la cooperación de los acusados con la Procuraduría. Como prueba, mencionan la resolución N° 941-2024-SRES-00095, en la que se habría negado la suspensión de arresto domiciliario a un imputado por no colaborar con el Ministerio Público.
También denunciaron que se alteraron actas de audiencia para encubrir errores procesales. Alegan que los jueces convocaron una audiencia el 4 de noviembre, día feriado, pero luego modificaron la transcripción para indicar que se programó para el 5 de noviembre, atribuyendo la demora a los acusados.
Otro señalamiento es la restricción arbitraria del acceso de la prensa a audiencias públicas, en violación de los artículos 69.4 y 3 del Código Procesal Penal. La defensa sostiene que sin petición de las partes, se ordenó la expulsión de periodistas y se prohibió el uso de cámaras y grabadoras, afectando la transparencia del proceso.
Asimismo, denuncian que los jueces irrumpieron en una audiencia cerrada no relacionada con el caso, alegando ser víctimas de un supuesto espionaje sustentado por la Procuraduría en un papel en blanco encontrado en un allanamiento.
En respuesta, el abogado Carlos Balcácer presentó una querella contra los jueces ante el Colegio Dominicano de Abogados y la Inspectoría del Poder Judicial, acusándolos de violar la Ley N° 3-2019 y de asumir una actitud intimidatoria contra la defensa.
Los abogados de Rodríguez insisten en que el juicio debe seguir, pero bajo la conducción de jueces imparciales:
“Nuestro representado lleva casi cuatro años arbitrariamente privado de libertad, sin justificación. No buscamos privilegios, sino justicia y respeto al debido proceso”, afirmaron Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas.
Ahora, la Corte de Apelación deberá decidir si el juicio continúa con los jueces actuales o si se designa un nuevo tribunal.