La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, pidió este jueves al tribunal que se excluyan por completo los informes elaborados por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, así como los 559 anexos que los acompañan.
Los abogados defensores sostienen que los reportes fueron generados sin base legal y sin respetar el derecho a la contradicción, lo que viola el artículo 69 de la Constitución dominicana que garantiza el debido proceso.
Eduardo Núñez, uno de los abogados, señaló que la calidad de los informes dista de ser técnica e imparcial, ya que, afirma, fueron creados con el objetivo de legitimar decisiones ya tomadas. “Se fabricaron informes para construir una narrativa falsa y dar apariencia de legalidad a una persecución sin hechos reales, tratando de vender al país una historia que no se ajusta a la verdad”, afirmó.
El abogado explicó que entre 2021 y 2024 se llevaron a cabo auditorías sobre procesos de expropiación del Ministerio de Hacienda, las cuales, según él, fueron realizadas por una Unidad Antifraude que no tenía reconocimiento legal en ese periodo. Adicionalmente, las auditorías se realizaron sin notificación ni acceso a la defensa para los investigados, violando flagrantemente las normativas de debido proceso administrativo.
Detalló que una parte de los pagos controvertidos se refiere a expropiaciones realizadas hace décadas, muchas de las cuales están respaldadas por sentencias judiciales firmes. “Cumplir con sentencias judiciales y saldar deudas históricas por terrenos que el Estado ha utilizado no es corrupción”, enfatizó la defensa.
Además, agregó que otros señalamientos involucran un pago interinstitucional del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas, que nunca salió del Estado y se registró oficialmente como una reducción de la deuda pública.
La defensa destacó que en ninguno de los eventos hubo decisiones discrecionales, daños al patrimonio del Estado o beneficios personales. “Sin daño, sin beneficio y sin poder de decisión, no hay delito”, sostuvo Núñez, asegurando que todos sus argumentos están respaldados por documentos oficiales, registros contables y peritajes solicitados por el propio tribunal.
Finalmente, aseguró que las pruebas que se presentarán a lo largo del proceso demostrarán ante el país que las acusaciones carecen de fundamento.