Defensa de Donald Guerrero Solicita excluir informes antifraude en proceso judicial

La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, pidió este jueves al tribunal que se excluyan por completo los informes elaborados por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, así como los 559 anexos que los acompañan.

• Argumentaron que estos documentos fueron “fabricados al margen de la ley” con el fin de construir una narrativa falsa y justificar una persecución penal carente de hechos reales.

Los abogado

Los abogados defensores sostienen que los reportes fueron generados sin base legal y sin respetar el derecho a la contradicción, lo que viola el artículo 69 de la Constitución dominicana que garantiza el debido proceso.

Más detalles

Eduardo Núñez, uno de los abogados, señaló que la calidad de los informes dista de ser técnica e imparcial, ya que, afirma, fueron creados con el objetivo de legitimar decisiones ya tomadas. “Se fabricaron informes para construir una narrativa falsa y dar apariencia de legalidad a una persecución sin hechos reales, tratando de vender al país una historia que no se ajusta a la verdad”, afirmó.

Explicación

El abogado explicó que entre 2021 y 2024 se llevaron a cabo auditorías sobre procesos de expropiación del Ministerio de Hacienda, las cuales, según él, fueron realizadas por una Unidad Antifraude que no tenía reconocimiento legal en ese periodo. Adicionalmente, las auditorías se realizaron sin notificación ni acceso a la defensa para los investigados, violando flagrantemente las normativas de debido proceso administrativo.

La defensa

• La defensa considera que estas irregularidades hacen que las actuaciones sean nulas desde su origen, aun cuando sirvieron durante más de cuatro años como base para decisiones administrativas y judiciales. Núñez recordó que la Unidad Antifraude fue formalmente creada el 14 de julio de 2025 mediante el Decreto 382-25, mucho después de que se recogieran los informes.

• Asimismo, cuestionó la constitucionalidad de dicho decreto, argumentando que otorga facultades que vulneran derechos fundamentales mediante una norma del Poder Ejecutivo. “El decreto incurre en un exceso de poder que infringe el principio de separación de poderes, ya que estas atribuciones están reservadas al Poder Legislativo”, añadió.

• Núñez insistió en que la creación del órgano que supuestamente elaboró estos informes años después de su fabricación demuestra que no se trata de errores, sino de actos nulos. Respecto a la sustancia de las acusaciones, reiteró que se probará la imposibilidad material de que Guerrero haya perpetrado los delitos que se le imputan, subrayando que los pagos presentados como irregulares corresponden en realidad a obligaciones legales históricas acumuladas por el Estado.

Detalló que una parte de los pagos controvertidos se refiere a expropiaciones realizadas hace décadas, muchas de las cuales están respaldadas por sentencias judiciales firmes. “Cumplir con sentencias judiciales y saldar deudas históricas por terrenos que el Estado ha utilizado no es corrupción”, enfatizó la defensa.

Además, agregó que otros señalamientos involucran un pago interinstitucional del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas, que nunca salió del Estado y se registró oficialmente como una reducción de la deuda pública.

La defensa destacó que en ninguno de los eventos hubo decisiones discrecionales, daños al patrimonio del Estado o beneficios personales. “Sin daño, sin beneficio y sin poder de decisión, no hay delito”, sostuvo Núñez, asegurando que todos sus argumentos están respaldados por documentos oficiales, registros contables y peritajes solicitados por el propio tribunal.

Finalmente, aseguró que las pruebas que se presentarán a lo largo del proceso demostrarán ante el país que las acusaciones carecen de fundamento.