x
Este lunes, la defensa de Juan Alexis Medina Sánchez y los demás implicados concluyó la presentación de sus alegatos finales ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, marcando así la etapa final del juicio de fondo en su contra. Medina es acusado por el Ministerio Público de liderar una red de corrupción administrativa que habría desviado más de 5,000 millones de pesos del erario público.
Durante el proceso, el Ministerio Público solicitó que se imponga a Medina Sánchez una condena de 20 años de prisión, además de una multa equivalente a 400 salarios mínimos. También pidió su inhabilitación por una década para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado, la pérdida de sus derechos civiles y políticos, y el decomiso de los bienes obtenidos a través de las supuestas actividades ilícitas.
La acusación fue liderada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representada por la fiscal Mirna Ortiz y su equipo compuesto por Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González. Según su planteamiento, Medina Sánchez dirigió una organización criminal que se valió de contratos fraudulentos, prestanombres, tráfico de influencias y lavado de activos para desfalcar al Estado.
El expediente también incluye a varios coimputados, entre ellos su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, exfuncionaria del Fonper; Fernando Rosa, expresidente de esa misma institución; Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública; y Rafael Germosén, excontralor general. Para ellos, el Ministerio Público solicitó penas que oscilan entre 3 y 15 años de prisión.
Durante su exposición final, la fiscal Ortiz destacó que las sanciones propuestas están en consonancia con la magnitud del daño causado. “Esta no es una persecución política, sino una acción penal fundamentada en pruebas sólidas. Cada peso desviado significó una necesidad insatisfecha para los dominicanos: un niño sin escuela, una cama hospitalaria vacía, una comunidad sin servicios básicos”, afirmó.
Ortiz sostuvo que el Ministerio Público logró demostrar la existencia de una estructura criminal articulada que operaba mediante mecanismos fraudulentos y el uso de testaferros, afectando de forma directa a varias instituciones estatales.
Concluidas las exposiciones de ambas partes, se espera que el tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, se retire a deliberar y emita su veredicto en las próximas semanas.