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La defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre reiteró este lunes que la acusación presentada por el Ministerio Público carece de solidez, al señalar múltiples inconsistencias en las pruebas y auditorías utilizadas en el proceso judicial.
Los abogados del imputado sostienen que existen fallas relevantes en las auditorías del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), especialmente en lo relativo a la supuesta existencia de “empleados fantasma”.
Según indicaron, durante el juicio se estableció que dichas personas no figuraban en registros oficiales, sino en listados proporcionados por el propio órgano acusador, cuyos señalados negaron haber recibido pagos.
La defensa también criticó los informes financieros presentados contra Cáceres, argumentando que no se tomaron en cuenta múltiples fuentes de ingresos del imputado, incluyendo salarios, viáticos, intereses y otros beneficios legales. De acuerdo con sus declaraciones, un peritaje establece ingresos totales cercanos a los RD$64 millones durante el período analizado.
Asimismo, señalaron que las propiedades fueron tasadas con valores de mercado actuales y no con base en su costo de adquisición, lo que, a su juicio, distorsiona la evaluación patrimonial.
En cuanto al supuesto ocultamiento de bienes, los juristas aseguraron que varias propiedades ya estaban declaradas oficialmente y que incluso fueron presentadas como pruebas por el propio Ministerio Público. También cuestionaron imputaciones relacionadas con empresas, inmuebles y fincas, alegando que certificaciones oficiales contradicen esas acusaciones.
Sobre el manejo de fondos de inteligencia del CUSEP, la defensa indicó que existen limitaciones legales para divulgar esos registros, por tratarse de información de seguridad nacional, lo que —según afirman— invalida parte de los argumentos acusatorios.