El abogado Romel Jiménez, miembro del equipo legal del mayor general Adán Cáceres Silvestre, afirmó este martes que el Ministerio Público no logró demostrar ninguno de los hechos imputados contra su cliente en el proceso judicial que se le sigue desde hace varios años.
Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, Jiménez sostuvo que la acusación, que incluye a unas 30 personas y 18 entidades, no presentó pruebas suficientes para sustentar los cargos, especialmente en lo que respecta a Cáceres Silvestre.
El jurista explicó que uno de los principales señalamientos del Ministerio Público era un supuesto desfalco a través de la nómina del CUSEP, mediante el pago a personas que no laboraban en la institución y que, devolvían esos fondos a terceros.
Sin embargo, aseguró que durante el juicio no se presentó evidencia que confirmara ese esquema. “No apareció una sola prueba, una sola prueba que estableciera que salió dinero de la nómina del CUSEP”, afirmó.
Indicó que incluso los informes de la Cámara de Cuentas y los movimientos bancarios analizados no reflejan transferencias irregulares ni pagos a personas ajenas a la institución. Además, señaló que los propios testimonios utilizados en la acusación no confirmaron haber recibido dinero del CUSEP.
También cuestionó que algunas listas de beneficiarios habrían sido proporcionadas por el propio Ministerio Público, sin que existiera una verificación independiente que sustentara dichas informaciones.
Jiménez abordó además las acusaciones de enriquecimiento ilícito y ocultamiento de bienes, asegurando que las propiedades atribuidas a su cliente estaban debidamente declaradas en sus declaraciones juradas.
Explicó que viviendas señaladas por la acusación figuraban en documentos oficiales, incluso antes de que se iniciara el proceso judicial, y que los fondos utilizados para su adquisición fueron justificados mediante ingresos reportados.
En cuanto al supuesto uso de testaferros, afirmó que no se demostró ningún vínculo que evidenciara control o administración indirecta de bienes por parte de Cáceres, ni conductas propias de un beneficiario oculto.
Asimismo, indicó que algunas propiedades mencionadas en la acusación ni siquiera pudieron ser vinculadas a terceros relacionados con el caso.
El abogado concluyó que, a su juicio, el proceso no logró establecer responsabilidad penal contra su defendido, insistiendo en que las pruebas presentadas no sustentan los cargos formulados por el Ministerio Público.