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A propósito de que un tribunal federal de Estados Unidos emitió una orden de protección que regula el manejo de las pruebas en el caso penal contra el exjefe de la DEA en República Dominicana, Melitón Cordero, el coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, afirmó que de los 120 casos inicialmente atribuidos al exfuncionario, 119 han sido excluidos, lo que —a su juicio— evidencia debilidades en el proceso y podría generar repercusiones para el país.
Durante su intervención, Martínez Pozo sostuvo que “de esos 120 casos objeto de investigación, solo ha sobrevivido uno”, subrayando que la mayoría de los expedientes fueron descartados al considerarse que correspondían a actuaciones dentro del marco de sus funciones. “Es decir, estamos hablando que de 120 casos, 119 han sido excluidos”, reiteró.
El comunicador indicó que esta situación plantea cuestionamientos sobre el manejo del caso desde República Dominicana, al entender que la actuación de la embajada dominicana pudo haber sido desproporcionada. “Se entiende en Estados Unidos, en la DEA, que el caso no fue correctamente manejado por la embajada dominicana”, expresó.
Asimismo, advirtió sobre posibles consecuencias legales si el único caso restante no se sostiene en los tribunales. “Si el caso que sobrevive no se sustenta, el compromiso de su nombre tendría consecuencias legales… que me imagino que serían para el Estado”, indicó.
En ese contexto, advirtió que las decisiones adoptadas no solo impactaron la figura de Cordero, sino también la estructura operativa de la agencia. “Eso no afectó solamente al señor Cordero, produjo el traslado de quien era el encargado de la DEA y de otras personas”, señaló.
Martínez Pozo también destacó que el exdirector de la DEA no enfrenta actualmente medidas de coerción, y que únicamente se le ha sugerido no viajar a República Dominicana mientras continúe el proceso. Incluso, consideró improbable una sanción judicial en su contra. “El señor Melitón Cordero no será objeto de una sanción judicial”, afirmó.
El análisis se produce luego de que un tribunal del Distrito de Columbia dispusiera que todas las pruebas del caso sean manejadas bajo estricta confidencialidad, limitando su acceso exclusivamente al equipo legal de la defensa y prohibiendo su divulgación pública. La medida busca proteger información sensible y garantizar la integridad del proceso judicial.