El secretario de asuntos legales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, aseguró que la campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el año 2020 fue financiada en gran parte por el narcotráfico y que, en el proceso electoral de 2024, la principal fuente de recursos habría sido el dinero proveniente del fraude en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
“Si en el 2020 el PRM ganó con el narcotráfico, como todos sabemos, en gran parte. En el 2024 la contribución financiera más importante, además de los ministerios y demás que se oiga, fue el desfalco de SeNaSa”, afirmó José Dantés en El Sol de la Mañana.
Indicó que estos recursos habrían llegado a través de estructuras externas vinculadas a empresarios que luego buscaban recuperar lo invertido mediante contratos y beneficios estatales.
Dantés calificó el caso SeNaSa como “el desfalco más grande de toda la historia” del país y afirmó que la magnitud del escándalo explica la indignación social y la masiva asistencia ciudadana al Palacio de Justicia durante la audiencia de medidas de coerción. A su juicio, el caso evidencia que la corrupción alcanzó niveles extremos y afectó directamente recursos públicos sensibles.
En el espacio, los panelistas hicieron también hicieron referencia a declaraciones y documentos previos sobre financiamiento político, al señalar que una persona identificada en procesos judiciales admitió haber entregado fondos de campaña, y que esa misma persona —según afirmó— aportó mayores recursos al PRM que a otras organizaciones políticas. Aseguró que estos hechos fueron denunciados oportunamente ante las autoridades electorales.
Finalmente, el político reiteró que el debate no debe centrarse solo en responsabilidades individuales, sino en la necesidad de establecer controles efectivos al financiamiento político para evitar que dinero ilícito, ya sea del narcotráfico o de la corrupción administrativa, vuelva a incidir en procesos electorales. Subrayó que, según su criterio, ningún partido está exento del problema, pero que la diferencia radica en la voluntad real de prevenir y sancionar estas prácticas.