Cubanos y venezolanos, los más afectados por suspensión de pagos en trámites migratorios

Ciudadanos de Cuba, Venezuela y Haití son los más afectados por los pagos realizados por trámites migratorios que nunca se completan, según una investigación del conservador Instituto Cato. El estudio denuncia un posible “fraude” oficial que podría alcanzar hasta mil millones de dólares, afectando a migrantes y patrocinadores debido a solicitudes que han quedado estancadas bajo las nuevas restricciones implementadas por la administración de Donald Trump.

David J. Bier, director de estudios migratorios del instituto, afirmó que “el Gobierno está cobrando tarifas a inmigrantes y patrocinadores estadounidenses por servicios que no tiene intención de prestar. Retiene el dinero y, en muchos casos, ni siquiera procesa las solicitudes; incluso se niega a denegarlas en ciertos casos”.

Impacto en migrantes

Según la investigación, existen más de 1,2 millones de solicitudes migratorias congeladas provenientes de estos tres países, de un total aproximado de dos millones de trámites. Esta cifra incluye 935.000 solicitudes de cubanos, 239.000 de venezolanos y 81.000 de haitianos.

Entre los beneficios afectados se encuentran autorizaciones de trabajo, tarjetas de residencia por motivos familiares y laborales, solicitudes de asilo, peticiones de naturalización, visas de trabajo y turismo, entre otros procesos migratorios esenciales.

El análisis también señala que el Departamento de Estado ha instruido a los funcionarios consulares para que no informen a futuros solicitantes que se les ha prohibido la entrada, lo que Bier califica como un “fraude masivo”, valorando las tarifas cobradas en aproximadamente mil millones de dólares: 543 mil cubanos, 138 mil venezolanos y 56 mil haitianos.

Políticas migratorias y bloqueos administrativos

Bier atribuye esta situación a tres políticas principales de la administración de Trump:

1. Proclamación de entrada prohibida: Trump firmó una medida que bloquea la entrada legal y la mayoría de visas para ciudadanos de 40 países, incluidos territorios palestinos, ampliando restricciones anteriores que afectaban a 19 países y eximían a familiares directos de ciudadanos estadounidenses. Esta política impide que uno de cada cinco inmigrantes legales pueda ingresar a Estados Unidos, afectando especialmente a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití, Nigeria e Irán, además de un número significativo de países africanos.
2. Congelamiento de beneficios migratorios: Memorandos del director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, extendieron el bloqueo de procesamiento de solicitudes de 19 a 40 países y ordenaron revisar todos los beneficios aprobados para estas nacionalidades durante la administración de Joe Biden (2021-2025).
3. Suspensión de visas de inmigrante por razones sociales: El Departamento de Estado congeló todas las solicitudes de visa de inmigrante para 75 países, alegando que sus ciudadanos utilizan la asistencia social más que otros grupos, sin establecer fecha de finalización de esta medida.

En total, estas políticas implican que ciudadanos de 92 países, incluida Palestina, tienen prohibida la obtención de visas de inmigrante y, por ende, la posibilidad de emigrar legalmente a Estados Unidos.

La investigación del Instituto Cato concluye que la combinación de estas medidas, aparentemente redundantes, está diseñada para generar obstáculos burocráticos tan complejos que muchos solicitantes terminan desistiendo de sus planes de emigrar a Estados Unidos.