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El abogado Cristóbal Rodríguez planteó en A Diario que se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional la evaluación de los jueces por el Consejo Nacional de la Magistratura y que hay que cambiar ese proceso porque es para que cada gobierno y partido tengan su Suprema Corte de Justicia.
Sostuvo que las decisiones administrativas contrarias a la Constitución se pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional, contrario a lo dicho por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en A Diario en entrevista el martes.
Precisó que el acta que va a emitir el CNM es una resolución y el artículo 6 de laConstitución establece que son nulas de pleno derecho toda ley, reglamento, resolución o actos contrarios a la misma y el artículo 85 indica el órgano competente para conocer esas acciones.
"Si se llama resolución el acto administrativo que debe dictar el Consejo con el fundamento de su decisión, entonces en mi lectura sí es impugnable ante el Tribunal Constitucional", acotó.
Agregó que entonces Napoleón Estévez Lavandier debe inhibirse por ser miembro del CNM.
El consultor jurídico informó al Diario que en los próximos días publicarán las actas.
Cristóbal Rodríguez precisó que el problema no es si el CNM tiene la capacidad técnica y de conocimiento para evaluar a los jueces de las altas cortes, es que no debe porque son pasibles de destitución debido a que condicionan su conducta y su comportamiento en el ejercicio.
Indicó que se alínean y se exponen ante el sometimiento del presidente de la república y sus pares.
Puntualizó que además hay un voto de calidad que corresponde al presidente de la República que vale por dos, lo que indica que se pone en manos del gobierno quienes acceden o no a la Suprema Corte de Justicia.
Planteó que los partidos con representación en el Congreso Nacional negocien la composición equilibrada de las altas cortes para evitar que un partido y un presidente de la república decida la administración de justicia del país.
Expresó que el equilibrio se rompió con la desaparición del tripartidismo.
Señaló que el reclamo debe ser volver a la composición de siete miembros en el CNM, que no sea parte; eliminar el consejo de evaluación de ese organismo y que los jueces tengan una duración específica, nueve años.
Cristóbal Rodríguez aseguró que la evaluación de desempeño periódica fue una decisión política adoptada en la reforma constitucional de 2010 junto con la integración del Procurador General de la República en el CNM con la finalidad explícita para que los partidos en el gobierno se alzaran con el control de las Cortes.
"El motivo de la incorporación del Procurador General de la República y la evaluación cada siete años de los jueces supremos no fue otro que lograr que cada cierto período de tiempo el gobierno de turno tuviera su Suprema Corte de Justicia", expuso.
Señaló que es lo que pasó ahora en cuya evaluación no ratificaron en la Suprema a los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón que cumplieron siete años de haber sido escogidos.