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El jurista Cristóbal Rodríguez afirmó este jueves en El Sol de la Mañana que el nuevo Código Penal fue correctamente cuestionado durante su aprobación y consideró que el país debe tomarse el tiempo necesario para realizar ajustes de fondo antes de su entrada en vigencia.
Rodríguez expresó su respaldo a una prórroga de la vacatio legis del Código Penal, al entender que las modificaciones requeridas no son menores, sino de alta trascendencia para el sistema jurídico y la protección de derechos fundamentales.
El abogado señaló que todos los sectores, tanto quienes apoyan como quienes rechazan el aplazamiento, coinciden en que el texto contiene disposiciones que deben ser revisadas, por lo que consideró prudente extender el plazo para permitir una discusión más profunda y técnica.
El jurista sostuvo que el Código Penal presenta falencias que ameritan correcciones puntuales antes de su aplicación, especialmente en áreas vinculadas a la libertad de expresión, el ejercicio profesional y el sistema de sanciones.
Indicó que una reforma de esta magnitud no debe entrar en vigor sin una revisión seria, ya que podría generar problemas de interpretación y aplicación en el sistema de justicia penal.
Rodríguez insistió en que las modificaciones deben ser sustanciales y no meramente formales, debido al impacto que tienen en derechos fundamentales y en la seguridad jurídica.
El reconocido abogado constitucionalista reiteró su posición a favor de la inclusión de las tres causales en el Código Penal dominicano, al considerar que son plenamente compatibles con la Constitución de la República.
Rodríguez explicó que el artículo 37 de la Carta Magna no debe interpretarse de manera absoluta o “ciega”, sino dentro de una lectura sistemática que tome en cuenta la dignidad humana y otros derechos fundamentales.
Frases clave:
Sostuvo que la interrupción del embarazo en circunstancias excepcionales como riesgo de vida de la madre, violación o incesto, y malformación incompatible con la vida, es constitucionalmente válida.
Asimismo, aclaró que el derecho penal no debe basarse únicamente en el aumento de penas como mecanismo de disuasión, ya que, según afirmó, la evidencia demuestra que el incremento de sanciones no reduce necesariamente la criminalidad.