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Un grupo de 16 empresas de servicios de envío rápido (courier) presentó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) un recurso contencioso-administrativo para solicitar la anulación de la Resolución 6859, emitida por la Comisión Aeroportuaria (CAE) en diciembre de 2022.
La medida establece un cargo adicional de US$0.25 por kilogramo (o US$0.125 por libra) aplicado a todas las mercancías que ingresan al país mediante la modalidad courier.
Las compañías, entre las que figuran Almacenes Fiscales y Soluciones Aduanales (ALMAFISA), Aeromensajería Dockpack y American Courier System, sostienen que la disposición es “arbitraria” e “inconstitucional”.
El recurso fue presentado por un equipo de abogados que solicita al tribunal admitir la demanda y declarar la nulidad de la resolución. Además, requieren que la CAE devuelva los ingresos percibidos como resultado de la aplicación del cargo.
La resolución impugnada contempla dos cobros: una tarifa comercial de US$0.25 por kilogramo destinada a financiar la construcción de instalaciones en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, y un cargo adicional de US$0.02 por kilogramo para cubrir gastos operativos del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC).
Las empresas alegan que la CAE aprobó la medida sin realizar los procedimientos requeridos de consulta pública ni audiencias previas, lo que, afirman, vulnera garantías constitucionales al tratarse de una disposición de alcance general y no de un simple acto administrativo.
También sostienen que la Comisión actuó sin competencia legal para imponer cargos vinculados al CESAC y sin la aprobación previa del Poder Ejecutivo.
El recurso argumenta además que la resolución viola los principios de igualdad y proporcionalidad, ya que afecta únicamente al sector courier y no a otros operadores, y que impone una tasa no prevista por una norma con rango legal, lo que contraviene el principio de legalidad tributaria.