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El Gobierno de Rodrigo Chaves en Costa Rica intensificó en los últimos meses su narrativa y acciones en materia de seguridad pública, con énfasis en el uso de tecnología, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y una estrategia de confrontación directa contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Uno de los principales mecanismos ejecutados por el Poder Ejecutivo, para hacerle frente a la inseguridad,es la puesta en marcha del Centro Digital de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad Pública, concebido como un centro de mando y control que integrará el trabajo de todas las fuerzas policiales del país. Esta plataforma permitirá pasar de un modelo policial reactivo a uno preventivo, apoyado en tecnología de punta.
El proyecto contempla la integración de más de 15,000 cámaras de vigilancia a nivel nacional, así como el uso de software, hardware e inteligencia artificial aplicada al trabajo policial. De acuerdo con las autoridades, esta tecnología, donada por el Gobierno de los Estados Unidos, permitirá monitorear en tiempo real situaciones de riesgo, coordinar el despliegue de patrullas mediante sistemas GPS y anticipar posibles rutas de escape utilizadas por grupos criminales.
En paralelo, el Gobierno resaltó el fortalecimiento del recurso humano policial. Entre 2022 y 2026, se habrían incorporado cerca de 3.900 nuevos policias, como parte de un proceso que, según se afirma, incluye selección por competencias y un entrenamiento riguroso. Las autoridades insisten en que la formación policial no es un proceso sencillo y que responde a estándares técnicos y operativos específicos.
Asimismo, se destacó la construcción de 21 nuevas delegaciones policiales en distintas zonas del país, así como la solicitud de un financiamiento por 150 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estos recursos estarían destinados a la renovación de la flotilla vehicular, la adquisición de equipamiento tecnológico y el fortalecimiento de la logística policial.
No obstante, esta iniciativa ha sido objeto de cuestionamientos desde sectores de oposición, que han calificado el proyecto de “megacárcel” como un anuncio sin sustento suficiente. Desde el Ejecutivo, en cambio, se defiende la inversión como una necesidad ante la crisis de seguridad.
En cuanto a resultados operativos, se han logrado 215.000 aprehensiones, como parte de los esfuerzos desplegados por las fuerzas policiales. Sin embargo, el Gobierno insiste en la necesidad de reformas legales más firmes y de un Poder Judicial que, según su postura, no debilite la administración de la justicia mediante liberaciones tempranas.
Desde el mensaje transmitido este domingo desde Casa Presidencial, además se hace un llamado a la unidad nacional y al respaldo ciudadano, en un momento en que la seguridad se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación para la población costarricense. Mientras tanto, el debate político y social sobre la efectividad, el alcance y las implicaciones de estas políticas continúa abierto.