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Corte Suprema de EE.UU. podría anular ley de Hawái que limita el porte de armas

La ley de Hawái establece que no se puede ingresar con un arma oculta a un lugar privado abierto al público sin autorización clara del dueño.

Luis Merán
Luis Merán
20 enero, 2026 - 10:51 PM
4 minutos de lectura
Fachada del Supremo de Estados Unidos.
Corte
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La Corte Suprema de Estados Unidos mostró este martes señales de que podría anular una ley del estado de Hawái que prohíbe portar armas en propiedades privadas abiertas al público, como tiendas, gasolineras o restaurantes, a menos que el propietario dé un consentimiento explícito.

Jueces dudan de la ley

Durante la audiencia, varios magistrados en su mayoría de tendencia conservadora se mostraron escépticos sobre la legalidad de esta norma, que algunos calificaron como una posible violación del derecho constitucional a portar armas, protegido por la Segunda Enmienda.

La ley de Hawái establece que no se puede ingresar con un arma oculta a un lugar privado abierto al público sin autorización clara del dueño. Sin embargo, la Corte Suprema ya ha ampliado los derechos de los propietarios de armas en decisiones recientes, incluyendo un fallo de 2022 que fortaleció el derecho a portar armas fuera del hogar.

Debate entre derechos

Alan Beck, abogado de los demandantes, argumentó que la ley de Hawái “pasa por encima del derecho constitucional” y va en contra de la tradición legal del país. “Nuestra tradición nacional es permitir el porte en establecimientos privados abiertos al público”, afirmó ante los jueces.

El juez Samuel Alito criticó la ley al señalar que pone a la Segunda Enmienda en un “estatus de segunda clase”. En apoyo a la impugnación, la subprocuradora general Sarah Harris en representación del gobierno de Donald Trump sostuvo que la norma convierte espacios abiertos al público en “el equivalente a la casa de alguien”.

Neal Katyal, abogado del estado de Hawái, defendió la ley diciendo que “la Constitución protege el derecho a portar armas, pero no implica un permiso automático para llevarlas a propiedad privada”.

El fallo final se espera entre junio y julio.

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