La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica solicitó este martes a la Asamblea Legislativa retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, quien enfrenta una acusación de corrupción. Es la primera vez que un tribunal costarricense hace una petición de este tipo contra un mandatario en ejercicio.
Con 15 votos a favor y siete en contra, los magistrados del Tribunal de Corte Plena tomaron la decisión de remitir la solicitud al Congreso, según un comunicado oficial del Poder Judicial. El presidente es señalado por el fiscal general, Carlo Díaz, de presionar a una empresa contratada por el Ejecutivo para transferir 32,000 dólares a su exasesor de imagen, Federico Cruz. El Ministerio Público califica el acto como delito de concusión, penado con hasta ocho años de prisión.
La Corte también pidió levantar la inmunidad del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, por su implicación en el mismo caso. La contratación bajo sospecha se realizó con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), presuntamente sin seguir los procedimientos adecuados.
El presidente Chaves no ha respondido oficialmente a la solicitud, pero la jefa de su bancada, Pilar Cisneros, desestimó las acusaciones calificándolas de “absurdas” y defendió que el contrato en cuestión fue una gestión privada ajena al mandatario.
El caso surge en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Chaves también es investigado por presunto financiamiento ilícito durante la campaña de 2022 y fue sancionado la semana pasada por el Tribunal Supremo de Elecciones por intervención indebida en el proceso electoral de 2026. Aunque la reelección está prohibida en Costa Rica, se especula que el mandatario podría postularse al Congreso.
Chaves ha sido criticado por su estilo confrontacional hacia jueces, opositores y medios de comunicación. Su cercanía con el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele ha sido motivo de debate, especialmente tras enviar a su entonces ministro de Justicia a visitar la megaprisión de El Salvador. Ese ministro, Gerald Campos, renunció el lunes a su inmunidad para enfrentar cargos de peculado y falsedad ideológica.