La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago confirmó las penas impuestas a los involucrados en la estructura criminal que operaba en el Casa Blanca Night Club, dedicada a la explotación sexual, la trata de personas agravada, el lavado de activos y el porte ilegal de armas.
Las sanciones –de 20, 15, 10 y 7 años de prisión– habían sido dictadas en junio de 2022 por el Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, decisión que ahora queda firme tras el rechazo de los recursos de apelación presentados por los cinco procesados.
El tribunal también desestimó la solicitud de extinción de la acción penal presentada por Jolbert José Ramírez Palomo, a la que se sumaron los demás implicados, en un intento por evadir las condenas.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, junto a la Fiscalía de Santiago, encabezó la investigación que permitió desmantelar la red liderada por Juan Antonio Fernández Fernández, quien utilizaba el Casa Blanca Night Club y una cadena de moteles ubicados en Santiago y La Vega para ejecutar la explotación sexual.
Durante los operativos, las autoridades rescataron 45 víctimas, muchas de ellas provenientes de Venezuela y Colombia.
La corte también ordenó que los procesados asuman el pago de las costas generadas por sus propios recursos de apelación, mientras que eximió de ese concepto al Ministerio Público y a la parte querellante.
La estructura criminal reclutaba mujeres en distintas ciudades de Colombia y Venezuela, trasladándolas a República Dominicana bajo engaños. En el Casa Blanca Night Club, las víctimas eran sometidas a condiciones de explotación que incluían:
Las mujeres eran ofertadas a clientes y empleadas también como imagen publicitaria para promover el negocio.