La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó sin efecto este lunes la revisión de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar un soborno de US$150,000 y de recibir US$10,000 en una entrega controlada.
La decisión mantiene vigente la prisión preventiva que pesa sobre el imputado mientras continúa el proceso judicial.
El tribunal adoptó la medida a solicitud del Ministerio Público, tras argumentar que la revisión no procedía debido a que la coerción ya había sido ratificada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el pasado 3 de junio. En ese sentido, se consideró que el proceso de revisión debía reiniciarse conforme al marco legal vigente.
El director general de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, explicó que la decisión se fundamenta en el artículo 243 del Código Procesal Penal, el cual establece que cuando una medida es recurrida, el plazo para su revisión obligatoria vuelve a contarse desde cero.

La Corte fijó una nueva audiencia de revisión de la medida de coerción para el próximo 3 de septiembre, manteniendo la prisión preventiva contra el fiscal Valdez Alcántara en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal. El tribunal consideró que no existían condiciones procesales para variar la medida en esta etapa.
El Ministerio Público sostuvo que la defensa ha argumentado arraigo suficiente para que el imputado enfrente el proceso en libertad, sin embargo, tanto el tribunal de primera instancia como la Suprema Corte de Justicia han coincidido en que la prisión preventiva sigue siendo la medida más adecuada por la gravedad de los hechos imputados.
La jueza Nancy Joaquín también respaldó este criterio al señalar que la ratificación previa de la medida por parte de la Suprema Corte obligaba a reiniciar el cómputo del plazo para su revisión, lo que sustenta la decisión de mantenerla vigente.

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara habría solicitado inicialmente un soborno de US$200,000 a una persona bajo investigación, reduciendo posteriormente la exigencia a US$150,000 durante las supuestas negociaciones. Además, se le atribuye haber recibido US$10,000 en una entrega controlada realizada por las autoridades.
El caso también incluye señalamientos sobre la presunta solicitud de bienes de alto valor, como un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes-Benz, como parte del pago ilícito. Estas imputaciones se enmarcan en la investigación por presunta violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Actualmente, el fiscal cumple tres meses de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial, que continúa bajo seguimiento de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y el Ministerio Público.