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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió este jueves una condena contra el régimen sandinista de Nicaragua, señalando la "falta de integridad del proceso electoral" de 2011 y el "abusivo uso del aparato estatal" para asegurar la reelección de Daniel Ortega.
"La Corte concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección del presidente Daniel Ortega, y además consideró que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral mostraron parcialidad y no garantizaron un recurso judicial efectivo para revisar las decisiones que cuestionaban irregularidades en el proceso", declaró la presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández.
La sentencia responsabiliza al régimen de Daniel Ortega por violar los derechos políticos, las garantías judiciales y la protección judicial de Fabio Gadea Mantilla, candidato presidencial en 2011 que denunció irregularidades, incluyendo la ilegalidad de la reelección presidencial.
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“Las decisiones de las salas Constitucional y Plena de la Corte Suprema de Justicia, inaplicando una norma constitucional que de forma expresa no permitía la reelección presidencial, pretendieron dar una apariencia de legalidad a la decisión que autorizaba la reelección del presidente Daniel Ortega”, explicó la jueza Hernández.
El fallo también determinó que “existen suficientes elementos para concluir que estas decisiones perseguían permitir la inscripción del presidente Daniel Ortega como candidato y permitir su permanencia al mando del Poder Ejecutivo, lo cual constituyó un uso abusivo de aparato estatal para favorecer al candidato oficial”, agregó Hernández.
La sentencia ordena a Nicaragua aplicar las medidas necesarias para “adaptar su normativa interna” a los estándares establecidos en la sentencia y en una opinión consultiva de la CorteIDH del año 2021 acerca de la restricción de la reelección presidencial indefinida.
En esa opinión consultiva de 2021, solicitada por el Estado de Colombia, la CorteIDH estableció que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano, que atenta contra los principios democráticos y afecta la separación de poderes.
En su sentencia de este jueves, la CorteIDH también ordenó a Nicaragua adoptar medidas para garantizar que Consejo Supremo Electoral cuente con garantías de imparcialidad e independencia y para que existan medios adecuados de impugnación ante violaciones a la ley electoral cuando se pretenda la tutela de los derechos políticos.