La Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal en materia constitucional en Guatemala, y su función principal es velar por el respeto y cumplimiento de la Constitución del país.
La elección de los nuevos magistrados ha sido un proceso seguido de cerca por la ciudadanía y diversas organizaciones, debido a su importancia en el equilibrio de poderes y la protección de los derechos fundamentales.
La juramentación, inicialmente pausada para las 11:00 de la mañana, fue adelantada con el objetivo de garantizar el derecho de antejuicio de la magistrada Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, recientemente elegida por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), ante intentos de captura que buscaban ejecutarse hasta última hora.

De acuerdo con el comunicado oficial del alto tribunal, la asunción de la IX magistratura se realizó en estricto cumplimiento de los plazos constitucionales.
La Corte quedó conformada por los siguientes magistrados titulares:
Como magistrados suplentes fueron designados:
La elección de Lemus se produjo en medio de una investigación liderada por el Ministerio Público. Durante los comicios del CANG se realizaron todos los análisis en centros de votación en la capital guatemalteca, en el marco de un caso que permanece bajo reserva judicial.

Según informes, el Ministerio Público habría solicitado órdenes de captura contra la magistrada en dos expedientes distintos:
Hasta el momento, no existe una posición oficial actualizada del Ministerio Público sobre nuevas acciones contra Lemus.
Durante la jornada, la Corte de Constitucionalidad reafirmó su compromiso institucional mediante un comunicado en el que aseguró:
“Ejercer sus funciones con apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, garantizando la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales”.
La anticipación de la toma de posesión refleja un contexto excepcional, en el que se buscó asegurar la protección institucional de una de sus integrantes ante acciones judiciales en curso.
El Congreso de la República había juramentado previamente a los magistrados el pasado 24 de marzo para el período 2026-2031, en un proceso considerado clave para la estabilidad democrática del país.
“Son muchos los temas pendientes (…) debemos fortalecer nuestras instituciones y nuestra democracia, una tarea permanente que requiere el mayor compromiso de todos”.
La nueva Corte tendrá el reto de garantizar el respeto al orden constitucional en un escenario marcado por tensiones entre actores judiciales e institucionales.
La IX Magistratura inicia funciones en medio de un clima de alta sensibilidad política y jurídica, con cuestionamientos sobre el sistema de justicia y el papel de las instituciones.
La forma en que se produjo la juramentación —anticipada y bajo presión— evidencia los desafíos que enfrentará el máximo tribunal constitucional en los próximos años.
Fuente: Infobae.