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Un informe de la organización Transitional Justice Working Group reveló que Corea del Norte triplicó las ejecuciones y condenas a muerte entre 2020 y 2024, en comparación con el quinquenio anterior. El reporte señala que al menos 153 personas fueron ejecutadas o sentenciadas a muerte en ese período.
El estudio vincula este incremento con el contexto de la pandemia de COVID-19 y el endurecimiento de las políticas internas tras el cierre de fronteras en 2020, durante el gobierno de Kim Jong-un. Según la organización, en los cinco años previos se habían documentado 44 casos similares.
El informe analiza 144 casos recopilados durante 13 años, entre 2011 y 2024, en los que se contabilizan al menos 358 ejecuciones. De acuerdo con los datos, la mayoría de estas fueron públicas (72.8 %) y el método predominante fue el fusilamiento (96.4 %).
Asimismo, se identificaron 46 lugares de ejecución, incluyendo zonas cercanas a instalaciones gubernamentales en la capital, Pionyang, lo que, según la ONG, refuerza el carácter ejemplarizante de estas prácticas.
El informe sostiene que la pena capital es utilizada como herramienta de control político, social e ideológico. Destaca un aumento en las ejecuciones relacionadas con el consumo o difusión de cultura surcoreana, prácticas religiosas y delitos considerados políticos.
Los hallazgos se basan en testimonios de 265 desertores norcoreanos, así como en información de medios especializados. Según la ONG, estos datos coinciden con denuncias previas de organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas, que han advertido sobre el deterioro de los derechos humanos en Corea del Norte en los últimos años.
El informe concluye que el período posterior a la pandemia marcó un aumento significativo en las medidas de control interno, en un contexto de mayor aislamiento y restricciones dentro del país.