x
La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Laura Peña Izquierdo, afirmó que los altos costos laborales, en especial la cesantía y el desahucio, continúan siendo uno de los principales obstáculos para la creación de nuevos empleos formales en el país, particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, Peña Izquierdo explicó que Copardom no propone eliminar la cesantía, sino modificarla y modernizarla, a fin de adaptarla a la realidad actual del mercado laboral. Señaló que este derecho surgió en un contexto distinto, previo a la Ley de Seguridad Social, cuando no existían los costos adicionales que hoy asumen los empleadores por concepto de salud, pensiones y riesgos laborales.
Indicó que estudios comparativos muestran que países como Chile, Costa Rica y Uruguay, con menores niveles de informalidad, han establecido topes a la cesantía, lo que ha contribuido a una mayor competitividad y generación de empleos.
En ese sentido, aseguró que el sector empresarial ha presentado múltiples propuestas al sector sindical, sin que hasta el momento se haya producido un diálogo profundo sobre estos planteamientos.
Peña Izquierdo citó una encuesta realizada por Copardom junto a la Organización Internacional del Trabajo hace dos años, aplicada a unas mil empresas, cuyos resultados identificaron dos grandes barreras para crear nuevos puestos de trabajo: el anticipo fiscal y los elevados costos laborales. Explicó que, en muchos casos, una microempresa se ve obligada a endeudarse o pactar acuerdos de pago para poder desahuciar a un empleado.
La dirigente empresarial advirtió que el pasivo laboral acumulado representa una carga difícil de asumir para las mipymes. Como ejemplo, señaló que un empleado con cinco o diez años de servicio puede generar un pasivo que obliga a una empresa a prescindir de varios trabajadores o a endeudarse para cumplir con la liquidación, lo que desincentiva nuevas contrataciones.
Entre las propuestas planteadas por Copardom, mencionó el reconocimiento del pasivo laboral como gasto deducible del impuesto sobre la renta al momento del desahucio, el cálculo de la liquidación en base al promedio salarial histórico del trabajador, y la ampliación del período de prueba de tres a seis meses, medida que —a su juicio— incentivaría el empleo juvenil y facilitaría la inserción laboral de recién graduados sin experiencia.
Finalmente, Peña Izquierdo insistió en la necesidad de mirar hacia el futuro del mercado laboral y abrir un diálogo franco y tripartito que permita reducir la informalidad, mejorar la competitividad y crear más empleos, sin desconocer los derechos adquiridos de los trabajadores.