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La Coordinadora Barrial, Popular y Campesina de esta ciudad reiteró el llamado a una huelga general de 48 horas para los días 29 y 30 de julio, con el objetivo de exigir al gobierno respuestas a una serie de demandas comunitarias aún no atendidas.
Ramón Rodríguez (Momón), vocero de la organización, indicó que la convocatoria busca presionar de forma pacífica ante el incumplimiento de compromisos asumidos. “Mantenemos firme este llamado, porque hemos logrado sumar el apoyo de diversos sectores. El balance hasta ahora es positivo”, afirmó.
Entre los reclamos figuran la reparación de calles, la conclusión de la avenida de Circunvalación, la entrega del hospital San Vicente de Paúl, la construcción de escuelas, un asentamiento agrario para campesinos y la carretera Naranjo Dulce–Río Boba.
Promesas incumplidas
Esta convocatoria no es un hecho aislado. En el pasado mes de mayo, el Frente Amplio Popular (FALPO) también realizó un paro de dos días con demandas similares.
En aquella ocasión, las autoridades se comprometieron a solucionar varias de las peticiones, que incluían la construcción de la carretera Naranjo Dulce–Río Boba, la terminación de la avenida de Circunvalación, una plaza de la cultura, la culminación del hospital regional y la reparación de escuelas.
Sin embargo, los actuales convocantes aseguran que el gobierno no ha cumplido con los compromisos que hicieron.
El Gobierno ha hecho un llamado al diálogo para resolver el conflicto que ha surgido tras la implementación de la nueva normativa. Sin embargo, el sector del comercio ha expresado su rechazo a la medida, argumentando que afectará negativamente sus operaciones. La Ministra de Economía ha señalado que se están buscando soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.
Por otro lado, los representantes del comercio han manifestado su descontento con la falta de consulta previa antes de la implementación de la normativa. Han solicitado una reunión urgente con el Gobierno para discutir posibles modificaciones. Mientras tanto, la Confederación de Empresarios ha emitido un comunicado en el que insta a las autoridades a reconsiderar la medida.
En este contexto, el Gobierno ha reiterado su disposición a escuchar las preocupaciones del sector y trabajar en conjunto para encontrar una solución. La Ministra de Economía ha enfatizado la importancia de mantener un diálogo abierto y constructivo para evitar mayores conflictos.
Ante el anuncio de la huelga, la gobernadora de la provincia Duarte, Ana Xiomara Cortés, manifestó que el gobierno permanece abierto a un diálogo «concreto» para discutir las peticiones.
Aseguró que las autoridades de diferentes instituciones del Estado han estado trabajando para dar respuesta a las necesidades prioritarias. «Es necesario que al gobierno se le permita trabajar sin presión, pues en cada obra que es demandada se está trabajando», dijo la gobernadora.
No obstante, el llamado a paro ha encontrado el rechazo de organizaciones representativas del comercio local, quienes argumentan que una paralización solo busca afectar a la población y puede derivar en «hechos lamentables», como ha ocurrido en convocatorias anteriores.
Asimismo, algunos sectores han manifestado su oposición a la huelga, recordando que el presidente de la República, Luis Abinader, visitó recientemente la provincia, donde inauguró varias obras importantes, como un multiuso deportivo, oficinas para diversas instituciones y un hospital en Villa Riva.
A pesar de los llamados al diálogo y las advertencias sobre las consecuencias económicas, los grupos populares mantienen firme su decisión de paralizar a San Francisco de Macorís los días 29 y 30 de julio, buscando que sus reclamos sean finalmente atendidos.