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La Conferencia del Episcopado Dominicano denunció la corrupción como una de las causas principales de la falta de acceso a medicamentos y servicios básicos para los más vulnerables, lo que generó reacciones inmediatas de distintos sectores políticos.
Mientras la justicia avanza en el caso Senasa, uno de los más delicados del país, el clero insiste en que el mal uso de los recursos públicos afecta derechos fundamentales.
Diputados de la oposición aseguraron que la impunidad no puede seguir siendo la norma y que urge actuar con firmeza. Señalan que los métodos para desviar fondos del Estado se han vuelto más sofisticados, afectando directamente a quienes más lo necesitan. Además, cuestionan si los sistemas de control actuales están funcionando como deberían.
Desde el partido de gobierno, se pidió confiar en los cambios impulsados desde el sistema judicial y en las acciones que, según ellos, encabeza el presidente Luis Abinader para asegurar mayor transparencia. Alegan que estos esfuerzos buscan fortalecer la seguridad y recuperar la confianza de la ciudadanía.
Los obispos fueron enfáticos al declarar que “la corrupción se manifiesta en la negación de medicamentos a enfermos, en la impunidad frente a la delincuencia y en decisiones que priorizan intereses económicos sobre la dignidad humana”. Exigieron que la justicia actúe “sin privilegios para nadie”.
Además de la corrupción, la Iglesia llamó la atención sobre otros problemas graves: la violencia intrafamiliar, la inseguridad, los accidentes de tránsito, la exclusión social y el abandono de los jóvenes que caen en redes delictivas.