x
En su más reciente informe, la Contraloría General de la República denunció un millonario desvío de fondos destinados a proyectos de infraestructura escolar en comunidades rurales, señalando que al menos 18 escuelas quedaron inconclusas o sin iniciar, pese a que los recursos fueron aprobados y desembolsados.
El órgano fiscalizador afirmó que la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales (UEPE) fue el centro de operaciones irregulares, ya que desde allí se autorizaban pagos sin la debida supervisión técnica ni verificación del avance físico de las obras.
El informe detalla que muchas de las obras fueron adjudicadas a empresas sin experiencia comprobada en construcción escolar, varias de las cuales fueron creadas meses antes de recibir contratos, en violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
En varios casos, las escuelas apenas tenían movimientos de tierra o estructuras metálicas abandonadas, pero los contratistas reportaban avances del 80 al 100 %, con pagos ya emitidos por el Estado, lo que constituye una estafa millonaria al erario público.
Según documentos adjuntos en el expediente, se detectaron actas de recepción de obras firmadas por personal inexistente o ya desvinculado de la administración pública, lo que evidencia una posible red de complicidad institucional.
Además, se encontró que algunas facturas fueron replicadas en múltiples proyectos, cobrando dos y hasta tres veces por los mismos materiales, lo que infló artificialmente los costos y permitió desviar fondos a cuentas privadas.
La Contraloría también destacó que los contratos incluían cláusulas atípicas, como pagos adelantados sin garantías y modificaciones de precios injustificadas, lo que facilitó el fraude sistemático durante varios años.
Las irregularidades afectaron directamente a cientos de niños que aún no cuentan con planteles escolares dignos en comunidades de Azua, Elías Piña, Montecristi y El Seibo, obligándolos a tomar clases en locales improvisados o a la intemperie.
En base a estos hallazgos, la Contraloría solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación penal contra los responsables y recomendó una reestructuración inmediata de la UEPE para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
