Continúan críticas y demandas contra la Cámara de Cuentas por informe de auditoría al Ministerio de Hacienda
Abogados critican un informe preliminar por confundir títulos de propiedad, causando perjuicios a expropiados, y exigen ajustes para respetar el debido proceso conforme a la Constitución y la ley.
La Cámara de Cuentas enfrenta crecientes objeciones y demandas por parte de abogados y propietarios de terrenos expropiados al Estado, quienes exigen que el organismo retire o corrija los “graves errores” de un informe preliminar de auditoría al Ministerio de Hacienda correspondiente al período agosto 2016-2020.
En los últimos días, la institución ha recibido más de 10 notificaciones formales, dirigidas a la presidenta Enma Polanco y a los miembros del organismo, entre ellos Francisco Tamarez Florentino, Francisco Alberto Franco Soto, Grisela Gómez Santana y Ramón Méndez Acosta.
Braulio Castillo, abogado de un grupo de propietarios de la familia Mota, calificó el informe de “barbaridad” y criticó que se confundan títulos de propiedad con sentencias judiciales: “Los títulos se expiden cuando las sentencias son definitivas”, señaló. Castillo recordó en el Acto de Advertencia y Puesta en Mora No. 618, notificado el 27 de octubre, que la Resolución AUD 2025-0043 no es definitiva y no debía publicarse como tal.
La sociedad El Algodonal
De manera similar, Carlos Mesa, en representación de la sociedad El Algodonal, solicitó que el informe fuera retirado de la web hasta que se corrija, y Martín Mañón Lara, en nombre de propietarios de la Parcela 613 donde se construyó el Aeropuerto Internacional de las Américas, señaló que el informe “falta a la verdad” al atribuir irregularidades inexistentes y ocultar información de los expedientes completos de sus clientes.
Los demandantes advierten que continuarán impugnando el informe, que fue oficializado por la actual Cámara de Cuentas el 26 de septiembre de 2025, y que fue previamente notificado a los exministros de Hacienda, Donald Guerrero y Jochi Vicente, así como al actual titular Magín Díaz, pero no a las demás partes afectadas, lo que constituye, según los abogados, una violación al debido proceso según la Constitución y la Ley 107-13.
Otra familia
Otras familias, como Mosquea, y abogados como Navarro Rossi, Patricio Mañón y Castillo Lima, también han objetado la auditoría, denunciando “inobservancias de los auditores y faltas graves” que habrían generado irregularidades artificiales en perjuicio de los propietarios expropiados.
Con estas acciones, los abogados buscan que se respete la legalidad y transparencia en la auditoría y se evite que se comprometa la responsabilidad patrimonial de los afectados.
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