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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró este lunes una sesión marcada por profundas divisiones internacionales tras las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, en un debate que evidenció posturas contrapuestas.
Durante la reunión, varias delegaciones coincidieron en que los acontecimientos ocurridos el 3 de enero colocan al sistema multilateral ante una prueba crítica para la vigencia de la Carta de la ONU, al tiempo que advirtieron sobre posibles repercusiones políticas, jurídicas y humanitarias más allá de la región.
España expresó “profunda preocupación” por lo ocurrido y subrayó que la soberanía de Venezuela incluye de manera inseparable el control de sus recursos naturales.
Su embajador ante la ONU, Héctor Gómez, recordó que la lucha contra el crimen organizado y la defensa de los derechos humanos no pueden justificarse mediante el uso unilateral de la fuerza, y reiteró la necesidad de una solución dentro del marco del derecho internacional.
En la misma línea, Brasil, México y Chile condenaron la operación estadounidense al considerar que viola los principios de soberanía, integridad territorial y prohibición del uso de la fuerza. Aunque reiteraron sus cuestionamientos al gobierno de Maduro, coincidieron en que una salida militar agravaría la crisis humanitaria y migratoria.
En contraste, Argentina respaldó la acción de Estados Unidos, al considerarla un paso en la lucha contra el narcoterrorismo, y calificó la permanencia de Maduro en el poder como una amenaza regional. Paraguay y Panamá llamaron a enfocar los esfuerzos en una transición democrática pacífica y en la liberación de presos políticos.
China y Rusia denunciaron una lógica de neocolonialismo y advirtieron que permitir este tipo de intervenciones sienta un precedente peligroso para la estabilidad internacional. Estados Unidos, por su parte, defendió la legalidad de la operación y sostuvo que Maduro no es un jefe de Estado legítimo.