
Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos mantienen posiciones enfrentadas sobre cómo asegurar el financiamiento de las operaciones migratorias heredadas de la Administración Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El desacuerdo surge a pocos días de que expire el presupuesto vigente, el próximo 13 de febrero, lo que aumenta la presión política en ambas cámaras.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldó un proyecto de ley de financiamiento anual ya aprobado por los legisladores de su cámara. Para Johnson, optar por una resolución provisional significaría ceder ante posturas contrarias a la línea dura republicana en materia migratoria.
“Hicimos el trabajo en la Cámara, y creo que deberían aprobarlo”, dijo en conferencia de prensa, al insistir en que hasta el momento no existe una propuesta formal de financiamiento temporal.
En contraste, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, considera necesario avanzar con una medida provisional. Argumentó que la falta de consenso con los demócratas y la Casa Blanca sobre reformas migratorias obliga a garantizar recursos de manera temporal para evitar interrupciones en las operaciones.
Algunos legisladores republicanos han planteado que, si se aprueba una resolución provisional, esta se extienda hasta el cierre del año fiscal, el 30 de septiembre. Johnson informó que se reuniría con Thune para intentar reducir las diferencias, aunque reconoció que existen desacuerdos sobre la estrategia a seguir.
Desde la oposición, el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, se mostró en contra de cualquier medida provisional y exigió cambios profundos en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Me opongo rotundamente a una resolución continua. Los republicanos intentan ganar tiempo”, afirmó ante medios estadounidenses, al insistir en reformas estructurales a la política migratoria.
Mientras continúa el debate presupuestario, el jefe interino del ICE, Todd Lyons, compareció ante el Senado. Defendió las cifras de arrestos y deportaciones y evitó disculparse por incidentes recientes, mientras legisladores demócratas cuestionaron el trato a civiles y la falta de claridad sobre la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante redadas.
El tema se agrava en medio de protestas en Mineápolis, tras varios tiroteos vinculados a operativos migratorios, lo que ha intensificado el escrutinio público y político sobre el financiamiento antes de la fecha límite.