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Cuatro miembros de una red, que incluye un empleado de la Junta Central Electoral (JCE), que se dedicaban a falsificar documentos públicos y privados fueron condenados a seis y tres años de prisión. Los integrantes del equipo delictivo cobraban montos de entre 70 mil y 100 mil pesos por sus servicios teniendo como lugares de operación Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
El inicio de esta investigación en el mes de enero del pasado año en la ciudad de Barahona se llevó a cabo a raíz del arresto de varios extranjeros que tenían en su poder documentos falsos obtenidos mediante el pago de las indicadas sumas de dinero.
Los condenados se dedicaban a la falsificación de documentos de identidad, incluyendo cédulas, actas de nacimientos, pasaportes, licencias de conducir y de porte y tenencia de armas de fuego, así como carnets de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), del Ejército de la República Dominicana (ERD), títulos de Educación y de la Universidad del Caribe (Unicaribe).
Además, falsificaban visados de diferentes países, entre ellos, Estados Unidos, Bahamas, Chile, Curazao, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Haití, Canadá, Países Bajos (Holanda), Honduras, entre otros de la región, otorgándoles a los nacionales haitianos y dominicanos identidades falsas.
Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos fueron condenados cada uno a 06 años de prisión, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres y en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Barahona, con suspensión condicional de los últimos cinco años; en tanto que Yonel Raphael fue condenado a tres años de prisión que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años.
Igualmente, fue condenado el empleado de la Junta Central Electoral Andys Hernández Rivera a tres años que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, así como al pago de una multa de 20 salarios mínimos.
Se dispuso como condiciones de la suspensión de la pena aplicable a todos los condenados las siguientes: residir en el domicilio procesal aportado en este proceso, abstenerse de ingerir en exceso bebidas alcohólicas, abstenerse del porte o tenencia de armas, mantener una conducta social íntegra y en cumplimiento de las normas vigentes en el ordenamiento jurídico dominicano y someterse al control y vigilancia del juez de Ejecución de la Pena de Barahona.
En este proceso además se ordenó el decomiso en favor del Estado dominicano de los equipos electrónicos incautados durante la investigación.