x
Al aceptar la acusación presentada por el Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a dos hombres a siete años de prisión por clonar más de 5,000 tarjetas de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess).
Los condenados, Jerry Antonio Moreno Ortiz, alias “el Colombianito”, y Pedro Julio Pérez Hernández, conocido como “Julito”, fueron hallados responsables de clonar un total de 5,136 tarjetas y cometer estafas mediante el uso de medios electrónicos. Además de la condena de prisión, el tribunal ordenó que ambos reparen al Estado, a través de la Adess, con una indemnización de 10 millones de pesos.
El Ministerio Público los procesó por violar varios artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y del Código Penal dominicano, incluyendo delitos relacionados con asociación de malhechores, estafa electrónica, robo mediante alta tecnología, obtención de fondos ilícitos, clonación de dispositivos de acceso y falsificación de documentos y firmas.
El caso salió a la luz durante un allanamiento vinculado a un asesinato. El 27 de marzo de 2024, la Fiscalía ejecutó una orden judicial en la residencia de Moreno Ortiz, en un complejo habitacional de Santo Domingo Norte, relacionada con la muerte de Ana Gómez, alias “la Colombiana”, en Santiago. Durante el allanamiento, además de buscar evidencias sobre el homicidio, las autoridades descubrieron un centro de clonación de tarjetas del programa social de la Adess, donde se produjo la detención de ambos acusados en flagrante delito.
Durante la inspección se incautaron 15 tarjetas clonadas, dos verifones, gran cantidad de cédulas, una computadora portátil, una impresora de tarjetas, seis teléfonos celulares, un carro y una motocicleta, entre otros elementos probatorios.
La investigación fue coordinada por el fiscal Carlos Calcagno, adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y litigada por un equipo compuesto por Ana Basora y Nehemías Salazar, director del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y Propiedad Intelectual de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte.
El caso contó con la colaboración de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Fiscalía de Santiago, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Nacional.
El tribunal, integrado por las juezas Josefina Ubiera Guerrero y Ana Miledys Taveras y el juez Isaías Martínez, ordenó que los condenados cumplan su sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.