Tres exjefes militares salvadoreños fueron condenados este jueves a 60 años de prisión por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses en 1982, durante el conflicto armado que vivió El Salvador entre 1980 y 1992.
La decisión fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en el departamento de Chalatenango, al norte del país. Inicialmente, el tribunal había anunciado el pasado 20 de junio una condena de 15 años de cárcel por víctima, pero este jueves aclaró en su sentencia escrita que la pena total asciende a 60 años.
No obstante, debido a las disposiciones de la legislación penal vigente en la época de los hechos, los exmilitares solo deberán cumplir un máximo de 30 años en prisión, según explicó a la prensa Gustavo Huezo, abogado de las víctimas.
Los condenados son el exministro de la Defensa (1979-1983), general José Guillermo García, de 91 años; el exdirector de la disuelta Policía de Hacienda, coronel Francisco Morán (93); y el coronel Mario Adalberto Reyes Mena (85), excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en Chalatenango.
El 17 de marzo de 1982, los periodistas neerlandeses Jan Cornelius Kuiper Joop, Koos Jacobus Andries Koster, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen fueron asesinados en una emboscada del batallón Atonal en Chalatenango mientras filmaban un documental sobre la guerra civil salvadoreña.
Los periodistas trabajaban para IKON TV, un canal de Países Bajos creado por varias iglesias.
Morán y Reyes Mena, según la sentencia, fueron condenados en calidad de "autores mediatos" y a García como "autor en comisión por omisión".
Los tres militares retirados también fueron condenados "al pago de la responsabilidad civil" a favor de familiares de las víctimas.
La sentencia también establece que el estado salvadoreño debe pedir perdón públicamente a los familiares de los periodistas "por el retardo de justicia" y porque "los autores principales" pertenecían al alto mando del ejército.
El pedido de perdón deberá hacerlo el presidente Nayib Bukele, como comandante general de la Fuerza Armada, en un plazo de 30 días hábiles.
El caso permaneció en la impunidad hasta que fue reabierto en 2018 después de que la Corte Suprema salvadoreña declarara inconstitucional en 2016 una ley de amnistía de 1993, que perdonó los crímenes de la guerra civil.
El conflicto dejó 75,000 muertos y 7,000 desaparecidos, según cifras oficiales.