El Tribunal Colegiado de María Trinidad Sánchez, bajo la presidencia de la jueza Salma Bonilla Acosta, dictó sentencia condenatoria imponiendo penas de 30 y 20 años de prisión a dos hombres hallados responsables de la muerte de una pareja propietaria de una cabaña en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, ocurrida en 2022.
Raulyn Martínez de la Cruz recibió la pena máxima de 30 años de prisión, mientras que Nervin Alcequiez Hilario, hijo de la víctima, fue condenado a 20 años de cárcel y al pago de una indemnización de 10 millones de pesos. Ambos fueron declarados culpables del asesinato de Santos Alcequiez y Miriam Altagracia Grullón Liz, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en la cabaña el 30 de marzo de 2022, un día después de que ocurriera el crimen.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, los hechos se produjeron la noche del 29 de marzo de 2022, aproximadamente a las 10:30 p.m. Martínez de la Cruz ingresó al lugar tras acordar con Alcequiez Hilario, quien le solicitó asesinar a su propio padre a cambio de 400 mil pesos, con el objetivo de apropiarse de documentos relacionados con varias propiedades.
Dos semanas antes del crimen, Alcequiez Hilario entregó a Martínez de la Cruz la suma de 250 mil pesos, así como un arma de fuego para ejecutar el homicidio. Tras cometer el delito, ambos implicados se reunieron, momento en que Martínez de la Cruz le devolvió el arma a Alcequiez Hilario y recibió un pago adicional de 150 mil pesos como parte del acuerdo.
La sentencia se fundamenta en los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal dominicano, que tipifican los delitos cometidos. Martínez de la Cruz deberá cumplir su condena en la Fortaleza Olegario Tenares de Nagua, mientras que Nervin Alcequiez Hilario cumplirá la suya en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
La fiscal Odalis Mercado Morris encabezó la litigación del caso, con investigaciones a cargo de la fiscal Helaynne Guzmán de Jesús. La decisión del tribunal se basó en la acumulación de pruebas documentales, testimoniales y periciales aportadas por el Ministerio Público, las cuales demostraron de manera contundente la responsabilidad penal de los imputados en este asesinato.