El tribunal del Distrito Judicial de Samaná condenó a 30 años de prisión a Yonairi Eustaquio Miguel, conocido como "Malango", de 33 años, tras ser declarado culpable de asesinar a dos personas y herir gravemente a una niña de 7 años con un arma blanca.
El fallo se produjo a solicitud del Ministerio Público, que presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad penal del acusado en los hechos ocurridos el año pasado en esta provincia.
Eustaquio Miguel fue hallado culpable de causar la muerte de Nicolás Severino, de 58 años, y Juana Andújar, de 60 años, quienes eran cuñados, así como de infligir heridas a la nieta de la fallecida, una menor de edad cuyo nombre se omite por razones legales. Las víctimas sufrieron múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo durante el ataque.
Según el expediente acusatorio, el hecho ocurrió cuando el condenado se presentó en la vivienda de las víctimas, ubicada en el Callejón de Sarapio, y cometió el crimen. Tras el ataque, Eustaquio Miguel huyó del lugar, pero fue arrestado minutos después en la casa de sus padres, situada cerca del escenario del crimen. Al momento de su detención, entregó a las autoridades el cuchillo utilizado para cometer los homicidios y lesionar a la niña. Los motivos del ataque se atribuyen a problemas personales.
La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal Porfiria Calcaño, mientras que los fiscales litigantes Marlene Rodríguez, Daniel Rijo y Porfiria E. Calcaño representaron al Ministerio Público durante el juicio. Los jueces Edward José Soto Soto, Martha Mireya Indhira Javier Cedano y Eriberto Luis Johnson dictaron la sentencia condenatoria, basándose en la violación de los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 12 y 395 de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Esta condena representa un importante logro para la justicia dominicana y refuerza el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la violencia y la protección de los derechos de las víctimas, especialmente de los menores de edad.